2ª carta alegaciones por multa cannabis

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A LA ATENCION DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN HUELVA D. Jesús González Jurado, mayor de edad, con domicilio en C/ Manuel Altolaguirre 1 de Almonte, provisto de D.N.I. Núm. 48939477P, y en relación con el Expediente Nº 2010/176 (Reg. 573) ante esta Administración comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE: Que en el expediente de referencia me ha sido notificada la propuesta de resolucióndel mismo, y no estando conforme con su contenido, en tiempo y forma, vengo a realizar las siguientes ALEGACIONES: PRIMERA.- Tiene recordado el Tribunal Supremo que uno de los principios cardinales del Derecho Penal -sustantivo y procesal- contemporáneo es aquel que proclama la presunción de inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada,todo ello según la definición ofrecida por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Este principio, incorporado en lugar preferente al art. 24 CE, produce una inmediata consecuencia procesal que consiste en desplazar la carga de la prueba al acusador y, en el caso de la potestad sancionadora, a la Administración pues, como bien ha señaladoreiteradamente el Tribunal Constitucional, aunque el Artículo 24 de la C.E. no alude expresamente al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, las garantías procesales establecidas en dicho precepto son de aplicación en los procedimientos administrativos sancionadores. Ello implica, naturalmente, que, para sancionar, será necesario acreditar el supuesto de hecho al que el ordenamientoliga la consecuencia jurídica que la Administración pretende imponer. La presunción de legalidad del acto administrativo desplaza la carga de accionar para evitar la producción de los efectos propios de la figura del acto consentido, pero, una vez accionado, es decir, una vez se recurre la sanción o acuerdo de sanción, la carga de la prueba ha de someterse a las reglas generales y dichoprocedimiento sancionador viene obligado a cumplir con lo dispuesto en el Art. 24 de la CE en cuanto a garantías procesales y presunción de inocencia. SEGUNDA.- El artículo 25.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana dice que “constituyen infracciones graves el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviese destinada al tráfico de drogastóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituyan infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo”. Por su parte, el artículo 20 de la citada Ley dispone en su punto 1 que "los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, laidentificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Ahorabien, en este supuesto se ha ido más allá de lo dispuesto toda vez que, según se desprende de la propia denuncia de la Guardia Civil, ni estaba consumiendo droga, ni tan siquiera llevaba visible la cantidad de sustancia que se intervino, ni menos aún hacía ostentación de la misma; por el contrario, debieron los agentes proceder a un registro muy exhaustivo para encontrar la sustancia que se diceincautada. Incluso el Tribunal Supremo, en sentencia de 24-2-97, ha considerado discutible la legitimidad del cacheo, como sometimiento a las normas policiales de vigilancia e investigación, en defensa de la legalidad, del orden y de la seguridad ciudadana, agregando que es un acto "en el que la arbitrariedad y la proporcionalidad se constituirán en definidores de la cuestión...". Y en este...
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