Aborto

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Despenalización del aborto
Publicado el 27 de September de 2009 | 35 Comentarios | Imprimir
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de ayer enviar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que reforma la regulación en materia de supuestos donde el aborto está despenalizado. Como es sabido, la regulación tradicional entendía que la realización de un aborto suponía la comisión de ungrave delito por parte del médico o persona que lo llevara a cabo. Si la intervención era consentida también se penaba a la mujer que autorizaba o incluso instaba la misma. Esta regulación, como es evidente, planteaba problemas obvios cuando nos enfrentábamos a casos en los que la interrupción del embarazo y consiguiente intervención sobre el cuerpo de la mujer se realizaba con el consentimiento deésta.
En un Estado de Derecho han de estar protegidos y garantizados los derechos de todos, y muy especialmente los de los más débiles. En un Estado de Derecho, también, el Derecho penal interviene únicamente para reprimir aquellos actos que merecen un reproche social de la suficiente gravedad, por constituir ataques a bienes jurídicos protegidos de la suficiente entidad como para que sejustifique una reacción por parte de la colectividad no sólo punitiva sino extremadamente violenta, como es el empleo de la ultima ratio para la orientación de la conducta de los ciudadanos que supone anudar a la prohibición de una acción el prever para la misma como castigo penas de privación de libertad.
Este es el motivo por el que es especialmente complejo establecer como delictivas conductas quepara una gran parte de la sociedad, aunque no sea necesariamente mayoritaria, son perfectamente legítimas y por el que, normalmente, en una sociedad democrática y respetuosa con los derechos de los demás y sus creencias, en tales casos de conflicto social se trata de convencer a los que opinan de modo diferente y lograr espacios de convergencia pero no reprimir con la cárcel a quienes piensan, yactúan en consecuencia, con otra escala de valores.
En el caso del aborto, es obvio que el embrión es un proyecto de vida (proyecto, además, ya en un cierto estado de evolución) y que ha de merecer la protección del Derecho, aunque no necesariamente sea titular, todavía, de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, lo ha dejado claro también el Tribunal Constitucional cuando se ha tenido que ocuparde esta cuestión a cuenta de la constitucionalidad de la primera ley que en España, en 1985, despenalizó algunos supuestos de aborto. Por este motivo, por ejemplo, es lógico y perfectamente proporcionado que se castigue a quien provoca un aborto en una mujer sin su autorización. Porque socialmente hay un consenso amplísimo sobre la existencia de un bien jurídico de la suficiente entidad como paraque su protección justifique una reacción penal. Pero también es evidente que hay una enorme discusión en torno a si este bien jurídico ha de ser protegido incluso frente a la voluntad de la madre de poner término a su embarazo, al entender que tiene derecho a disponer de su cuerpo, de su sexualidad y de su maternidad de forma libre. Y, en consecuencia, es muy discutido si la protección que ha dedar el Derecho al embrión ha de primar incluso frente a la decisión de la madre que desea abortar. Cuando digo “muy discutido” me refiero a que hay amplios sectores de la sociedad que tienen claro que el aborto es moralmente equivalente a acabar con una vida humana, así como los hay que están convencidos de que, al menos en los estadios iniciales de la gestación, ese proyecto de vida no tiene lasuficiente entidad como para que su protección se imponga a la manera en que una mujer quiere vivir, programar su maternidad o no maternidad y disponer de su cuerpo. ¿Cómo es sensato resolver este conflicto en una sociedad democrática?
A mi juicio es evidente que la solución más adecuada no pasa por meter en la cárcel a las mujeres que abortan, a pesar de que haya sido una solución tradicional....
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