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Páginas: 21 (5119 palabras)
Publicado: 27 de octubre de 2013
OBSERVACIONES SOBRE EL CASO DE FERNANDO CARRERA
Durante el desarrollo del Juicio Oral realizado entre los días 7 de mayo al 15 de junio del corriente año 2007 contra el imputado Fernando Ariel Carrera, caso conocido en los medios de comunicación como “la masacre de Pompeya” ocurrida el 25 de enero de 2005, esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad en la persona de su titular Dra. Alicia Pieriniy el Dr. Mario Ganora, Jefe de planta de la misma institución, asistieron en calidad de observadores a las audiencias públicas celebradas.
LA MISIÓN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su art. 137 y la ley n° 3, reglamentaria establecen el marco normativo para la Defensoría del Pueblo, y determinan su misión esencial de defender, promover y protegerlos Derechos Humanos y demás derechos vigentes.
El caso concreto que motiva este informe es la causa n° 2253 juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 14 seguida contra Fernando Ariel Carrera por los delitos de robo con armas reiterado –dos hechos- (hechos 1 y 2); homicidio agravado por haber sido cometido para lograr su impunidad reiterado –tres hechos-; lesiones graves y levesagravadas por su comisión para lograr su impunidad y lesiones graves, leves y daño, también calificadas las dos primeras por las razones señaladas (hecho 3); abuso de armas (hecho 4) y encubrimiento agravado por su comisión con ánimo de lucro y portación de arma de guerra en concurso ideal entre sí (hecho 5); todos los cuales concurren materialmente, si bien ha recaído sentencia que condenó a 30 años deprisión, el proceso sigue su trámite en razón de los recursos articulados.
No está en nuestra misión controlar al Poder Judicial cuando lleva adelante su función de
resolver cuestiones que le son sometidas. Hay suficientes normas que establecen los mecanismos y los recursos de los que pueden valerse las partes para defender sus pretensiones frente a los abusos o errores en los que pudieranhaber incurrido los magistrados.
En consecuencia, esta Defensoría del Pueblo no se pronuncia sobre el fondo de las decisiones adoptadas, sino sobre la metodología previa a dichas decisiones y que seguramente fue condicionante para ellas, así como sobre el grado de vigencia de las garantías a los derechos humanos que el desarrollo de la causa puso de manifiesto.
Ello porque es nuestra misiónconstitucional velar por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejercen funciones de policía de seguridad local (art. 137 CCABA) y por consiguiente también observar como jugó el sistema de garantías penales y procesales en el caso, habida cuenta que recayó una condena de inusual gravedad sobre un imputado sinantecedentes penales que circulaba con sus documentos legales en regla tanto personales como los del vehículo que conducía.
RAZONES POR LAS QUE SE OBSERVÓ EL JUICIO ORAL
El tema de la seguridad en la vía pública es el principal problema y preocupación de nuestros ciudadanos. Las fuerzas de seguridad intervinientes así como la fiscalía territorial incumben a la protección y justicia de nuestrosvecinos, más allá de las dependencias funcionales orgánicas. De la misma manera las competencias penales de la instrucción y la etapa oral aún perteneciendo al sistema nacional, producen sus resultados en nuestra ciudad. En el caso en análisis, el hecho principal ocurrió en territorio porteño y sus víctimas eran también vecinas de nuestra ciudad.
Es por todo ello, que este organismoconstitucional decidió hacerse presente durante el desarrollo de la etapa pública del proceso y de dicha observación presencial de las audiencias de debate realizadas han surgido cuestiones atinentes al accionar policial y a otras agencias estatales que no podemos dejar de mencionar especialmente, sin ánimo de inmiscuirnos en el proceso ni de inclinar la balanza de la justicia en un sentido o en otro, si...
Durante el desarrollo del Juicio Oral realizado entre los días 7 de mayo al 15 de junio del corriente año 2007 contra el imputado Fernando Ariel Carrera, caso conocido en los medios de comunicación como “la masacre de Pompeya” ocurrida el 25 de enero de 2005, esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad en la persona de su titular Dra. Alicia Pieriniy el Dr. Mario Ganora, Jefe de planta de la misma institución, asistieron en calidad de observadores a las audiencias públicas celebradas.
LA MISIÓN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su art. 137 y la ley n° 3, reglamentaria establecen el marco normativo para la Defensoría del Pueblo, y determinan su misión esencial de defender, promover y protegerlos Derechos Humanos y demás derechos vigentes.
El caso concreto que motiva este informe es la causa n° 2253 juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 14 seguida contra Fernando Ariel Carrera por los delitos de robo con armas reiterado –dos hechos- (hechos 1 y 2); homicidio agravado por haber sido cometido para lograr su impunidad reiterado –tres hechos-; lesiones graves y levesagravadas por su comisión para lograr su impunidad y lesiones graves, leves y daño, también calificadas las dos primeras por las razones señaladas (hecho 3); abuso de armas (hecho 4) y encubrimiento agravado por su comisión con ánimo de lucro y portación de arma de guerra en concurso ideal entre sí (hecho 5); todos los cuales concurren materialmente, si bien ha recaído sentencia que condenó a 30 años deprisión, el proceso sigue su trámite en razón de los recursos articulados.
No está en nuestra misión controlar al Poder Judicial cuando lleva adelante su función de
resolver cuestiones que le son sometidas. Hay suficientes normas que establecen los mecanismos y los recursos de los que pueden valerse las partes para defender sus pretensiones frente a los abusos o errores en los que pudieranhaber incurrido los magistrados.
En consecuencia, esta Defensoría del Pueblo no se pronuncia sobre el fondo de las decisiones adoptadas, sino sobre la metodología previa a dichas decisiones y que seguramente fue condicionante para ellas, así como sobre el grado de vigencia de las garantías a los derechos humanos que el desarrollo de la causa puso de manifiesto.
Ello porque es nuestra misiónconstitucional velar por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejercen funciones de policía de seguridad local (art. 137 CCABA) y por consiguiente también observar como jugó el sistema de garantías penales y procesales en el caso, habida cuenta que recayó una condena de inusual gravedad sobre un imputado sinantecedentes penales que circulaba con sus documentos legales en regla tanto personales como los del vehículo que conducía.
RAZONES POR LAS QUE SE OBSERVÓ EL JUICIO ORAL
El tema de la seguridad en la vía pública es el principal problema y preocupación de nuestros ciudadanos. Las fuerzas de seguridad intervinientes así como la fiscalía territorial incumben a la protección y justicia de nuestrosvecinos, más allá de las dependencias funcionales orgánicas. De la misma manera las competencias penales de la instrucción y la etapa oral aún perteneciendo al sistema nacional, producen sus resultados en nuestra ciudad. En el caso en análisis, el hecho principal ocurrió en territorio porteño y sus víctimas eran también vecinas de nuestra ciudad.
Es por todo ello, que este organismoconstitucional decidió hacerse presente durante el desarrollo de la etapa pública del proceso y de dicha observación presencial de las audiencias de debate realizadas han surgido cuestiones atinentes al accionar policial y a otras agencias estatales que no podemos dejar de mencionar especialmente, sin ánimo de inmiscuirnos en el proceso ni de inclinar la balanza de la justicia en un sentido o en otro, si...
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