Acceso A La Justicia

 
Lineamientos de política pública en materia de acceso a la justicia a partir de unestudio de necesidades jurídicas insatisfechas.1. Las reformas judiciales y el acceso a la justicia
Existe cierto consenso sobre que todas las reformas a la administración de justiciarealizadas en las dos últimas décadas en América latina han mejorado el desempeñode los jueces y los tribunales, tanto por losnuevos recursos presupuestales que hanrecibido los poderes judiciales, como por la introducción de nuevos incentivoslaborales y recursos tecnológicos para optimizar el funcionamiento. Pero también escierto que la percepción de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honestidad del poder judicial no ha mejorado sustancialmente. El poder judicial se percibe como un poderopaco, que no rinde cuentas, cuyosprocedimientos no son entendidos por elciudadano común y que está dedicado a resolver conflictos que no son relevantessalvo para aquellos sectores de la sociedad con alguna capacidad de poderadquisitivo.Esta percepción tiene que ver seguramente con lo que ha señalado el ex Ministro deJusticia chileno Jorge Correa Sutil cuando realiza el balance de las reformas judicialesen América latina:
“Unaconclusión preliminar y no muy optimista sería que las
reformas judiciales que es están ensayando en América latina están definitivamente ligadas más a la apertura de mercados que a cualquier otro factor. No están siendo 
 provocadas por grupos desfavorecidos y no tienen a esos grupos como objetivos” 
(Correa Sutil, 2002).De otra parte, Margaret Popkin (2007), para un texto sobre el balance delas reformas judiciales enamorica latina auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, hasubrayado que
: “…tras casi 20 años de esfuerzos por reformar la justicia, lo cual ha
supuesto enormes inversiones financieras por parte de los donantes, la mayoría de los sistemas judiciales en América latina continúan percibiéndose como altamente deficientes 
”. Los aumentos en productividad, enfortalecimiento institucional, la
introducción de procedimientos orales, la reforma penal y procesal penal que se haimplementado en la mayoría de países, entre otras reformas, no han modificado lapercepción sobre que los poderes judiciales siguen siendo lejanos para el ciudadanocomún y, especialmente, para los ciudadanos de escasos recursos, esto implica que tal y como lo como señala Popkin (2007,)“amplios sectores de la población –
a menudo aislados por una combinación de limitaciones lingüísticas, geográficas, - culturales-, privación de derechos y pobreza 
 –
todavía ni siquiera perciben la 
 posibilidad de reivindicar sus derechos por medio del sistema nacional de justicia” 
.
Haber concentrado las reformas judiciales en el mejoramiento de la oferta comosupuesto para crearescenarios confiables para la inversión y por esa vía dinamizar laeconomía de mercado, lograr crecimiento sostenido y empezar a reducir lascondiciones de pobreza, ignoró el hecho de que esas reformas al rol del Estado en laeconomía, traería consigo nuevas demandas sociales que no han sido recogidas porel sistema político y que presionan por tener alguna reivindicación. El llamadodescontento con lademocracia recogido en instrumentos de medición de opiniónpública como Latinobarómetro, indican que en el último tiempo el índice de confianzaen la democracia se ha venido disminuyendo por el hecho de que se percibe que lainstitucionalidad de la democracia no ha sido sensible a las demandas de lasmayorías sino a los intereses de grupos poderosos que han influido en que dichasinstituciones seanfuncionales más a la lógica de funcionamiento del mercado que aotras necesidades sociales. Este índice de desconfianza recae especialmente en el judicial, porque se percibe que a pesar de las reformas de que ha sido objeto, con unaimportante participación presupuestal, no ha modificado su desempeño en cuanto aatender las demandas más sentidas de los grupos más desfavorecidos de lasociedad
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