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En Venezuela, a raíz del ascenso del presidente Hugo Chávez a la primera magistratura nacional, un amplio sector del empresariado venezolano se opuso a los lineamientos de su política social, económica, jurídica, fundamentalmente a la aprobación de un conjunto de leyes (pesca, hidrocarburo, tierra, entre otras), las cuales trastocaban los intereses del capital nacional y transnacional. Éstosinstrumentos jurídicos (49 en total) fueron el detonante para que la burguesía criolla en complicidad con un pequeño grupo de militares, partidos políticos conservadores, el Opus Dei, la nómina mayor de PDVSA, los medios de comunicación privados, empresarios, banqueros, terratenientes, el Departamento de Estado Norteamericano, entre otros, se plantearan dar al traste al gobierno legítimamenteconstituido.

En realidad estos sectores nunca vieron al presidente Chávez con buenos ojos, los empresarios de la comunicación enfilaron todas sus baterías contra él y activaron sus laboratorios de guerra psicológica para desdibujarlo y propiciar una conspiración mediática de forma abierta y fragrante.

De igual manera, los empresarios de la industria agroalimentaria y de las grandes cadenas desupermercados jugaron al desabastecimiento y a la especulación con el propósito de generar zozobra, pánico y descontento en los sectores populares para que estos se volcaran contra el primer mandatario y su gobierno.

Ésta táctica fue utilizada como antesala al fraguado golpe de estado de 2002, luego con igual intensidad antes, durante y después del proceso refrendario de diciembre de 2007. Todavíahoy sigue presente, aunque con cierto nivel de incidencia sin embargo, no en los mismos términos, gracias al avance del gobierno bolivariano en la promulgación de leyes que resguardan y protegen a los consumidores (Indepabis, Control y precios justos); y al avance en la creación y conformación de redes de abastecimientos alimentarios (Mercal, PDVAL, SADA, Abastos Bicentenarios).

Dentro de esteescenario de conspiración se encontraba Samuel Ruth (2002-2007), al frente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), organismo clave para confrontar la onda conspirativa del sector agroindustrial, quienes para ese entonces controlaban el monopolio de los alimentos y las grandes cadenas de supermercados en el país.

Ruth, según lo expresa José GregorioBermúdez, articulista de Aporrea, no representaba los intereses del pueblo, si no de los empresarios y de los buhoneros por ser incapaz de ejercer la autoridad para lo cual fue designado. Es decir, por su incapacidad e inoperancia jugó a la desestabilización aplicando una política de laissez faire, "dejar hacer, dejar pasar". Además recalca que no tocó los intereses de la burguesía. Bermúdez, no dudo ensolicitar su destitución, la cual se logró un año después gracias en parte a la presión ejercida por el poder popular, tal como lo veremos más adelante. (Aporrea, "Samuel Ruth, un inepto en el gobierno revolucionario"; 10/05/2012)

El decreto 5.197 y su intento fallido de frenar la especulación

En ese contexto, ante la ausencia de un organismo combativo y diligente, aunado a falta de uninstrumento jurídico que se enfrentara a las mafias empresariales de los alimentos, el gobierno bolivariano de forma desesperada se trazó como estrategia aprobar el "Decreto Presidencial con rango, valor y fuerza de Ley de defensa popular contra el acaparamiento, especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte al consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios". Dichodecreto Nº 5.197, fue dictado por el presidente de la República Hugo Chávez Frías, el 16 de febrero de 2007, y en Gaceta Oficial Nº 38.629, el 21 de febrero de 2007.

Se pretendía con este decreto paralizar la ola de desabastecimiento y especulación reinante sobre todo en las barriadas y sectores populares del país. Durante el año 2007, desaparecieron de los anaqueles de los supermercados,...