Administracion

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DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (*)
TOMAS CANO CAMPOS

1. El Derecho Administrativo suele ser definido como un Derecho especial formado por un equilibrio entre los privilegios de la Administración y las garantías de los ciudadanos, es decir, por una serie de «privilegios en más y en menos», según la clásica expresión francesa (Rivero). Dentro de esos poderes o privilegios merece un lugardestacado la potestad sancionadora de la Administración. En ejercicio de dicha potestad, la Administración puede imponer sanciones a los particulares por las transgresiones del ordenamiento jurídico previamente tipificadas como infracción administrativa por una norma. Dicha facultad se otorga a la Administración para que prevenga y, en su caso, reprima las vulneraciones del ordenamiento jurídico enaquellos ámbitos de la realidad cuya intervención y cuidado le han sido previamente encomendados. Como señaló hace algunos años el profesor Lorenzo Martín-Retortillo («Las sanciones administrativas en relación con la defensa de los consumidores con especial referencia a la publicidad de las mismas», en RAP, 126), de una simple constatación de la realidad puede fácilmente concluirse que «allí dondehay sectores en que la Administración va a tener un mínimo protagonismo, allí aparecen, como secuela inevitable, como instrumento al parecer imprescindible, las sanciones administrativas... y se considera normal que hoy la Administración Pública, entre las potestades y prerrogativas que deben encauzar su actuación ostente la potestad sancionadora». Potestad sancionadora que, como el mismo autorreconoce, es utilizada cada vez con mayor frecuencia e intensidad, a pesar de que todavía se cuestiona su legitimidad y viabilidad, su eficacia y sus límites, convirtiéndose así en un tema de candente ac(*) ALEJANDRO NIETO GARCÍA: Derecho Administrativo sancionador, segunda edición,

Ed. Tecnos, Madrid, 1994, 494 págs.

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Revista Española de Derecho Constitucional Año 15. Núm. 43.Enero-Abril 1995

TOMAS CANO CAMPOS

tualidad y en centro de polémicas inagotables. Quizá, tales problemas se deban, sobre todo, a la falta en nuestro país de una Ley general sobre la potestad sancionadora de la Administración y, por qué no decirlo también, a la ausencia de un verdadero Derecho Administrativo sancionador capaz de explicar dicha legitimidad, y aun necesidad, y sobre todo de precisar losrequisitos y límites de su ejercicio. Y si lo primero, por el momento, aún no ha tenido lugar (la Ley 30/1992 —en adelante LAP— en líneas generales puede suponer un avance, pero es insuficiente), lo segundo comienza a hacer acto de presencia. En efecto, el libro del profesor Alejandro Nieto, Derecho Administrativo sancionador, de cuya segunda edición aquí damos cuenta, a buen seguro que hacehonor a su nombre, ya que constituye el estudio más serio, importante y exhaustivo hasta ahora realizado de la potestad sancionadora de la Administración. Se trata de una sugerente construcción dogmática de dicha potestad que configura un auténtico Derecho Administrativo sancionador, sin la tara de la dependencia del Derecho Penal, y que nos aclara muchas de las cuestiones que hasta ahora hanoscurecido a las tradicionalmente denominadas «sanciones administrativas»; un Derecho Administrativo sancionador, en definitiva, que se constituye, así, en la parcela del ordenamiento jurídico-administrativo que estudia la potestad sancionadora de la Administración. El libro de Nieto sería digno de elogio por su simple cualidad de pionero, pues hasta el momento no existía en nuestra doctrina ninguna obraen la que se expusieran de forma conjunta, sistemática y pormenorizada los problemas de la potestad sancionadora y la especificidad de los principios que rigen su actuación. Pero, como el que lea el libro puede comprobar y nosotros hemos de señalar más adelante, sería tremendamente injusto encomiar una obra como la de Nieto únicamente por ese simple dato coyuntural. Unas breves palabras sobre...
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