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Sentencias dictadas en los Expedientes Nº 12-1358 (9 de enero de 2013) y Expediente Nº 13-0196 (8 de marzo de 2013)
Desde nuestros inicios en la carrera de derecho en esta Institución, comenzamos a manejar el concepto de norma jurídica y en el devenir de diversas materias analizamos la necesidad del concepto de la interpretación de dichas normas. Esa interpretación de la ley es la operaciónque consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado.
Venezuela ha vivido en los últimos 14 años un proceso político que comenzó por dar un vuelco total a las normas constitucionales y que dio como fruto la Constitución de 1999.
Ya desde los primeros impulsos dados a esa nueva Constitución fuimos testigos de interpretación de normas e incluso deprincipios y conceptos, a nuestro humilde criterio, realizados a la medida y a la conveniencia de quienes han ostentado la mayoría política en los últimos años. Recordemos la discusión inicial, una vez electos los encargados de redactar el texto constitucional, sobre si ellos mismos formaban parte de un poder originario o derivado. Discusión que concluyó en etiquetarlos como poder constituyenteoriginario, todo para destituir de sus cargos a todos los funcionarios de elección popular (en especial diputados y senadores del extinto Congreso Nacional) y de esta forma configurarse como una especie de poder supremo que les permitió cometer toda suerte de actos administrativos y jurídicos que convinieran a sus intereses.
En nuestro país, la interpretación de las normas Constitucionales estáclaramente establecido en el texto del artículo 335 de la Carta Magna el cual establece entre otras consideraciones que el Tribunal Supremo de Justicia será el máximo y último intérprete de la Constitución y que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes, es decir de obligatorio cumplimiento para lasotras Salas del Tribunal Supremo de justicia y demás tribunales de la República.
Desde el momento en el que el fallecido Presidente de la República Hugo Chávez Frías anunciara al País en cadena nacional que se ausentaba del territorio nacional, luego de resultar reelecto para el cargo de Presidente, para continuar con el tratamiento que ameritaba por presentar una grave afección, comenzó acrearse un clima de incertidumbre que era alimentado por la falta de información y la ola de rumores que corrían en torno a la salud del Presidente, clima que se enrarecía cada vez más al transcurrir el tiempo del día a día desde su última aparición en los medios.
Como quiera que, en virtud de lo preceptuado por el artículo 231 de nuestra Carta Magna, el Presidente electo debería tomar posesión eldía 10 de enero de 2013 y para los primeros días de ese mes no existía en concreto ninguna información cierta sobre la suerte del Presidente, surgió nuevamente un debate sobre el sentido que debía darse al contenido de ese artículo, es así como, el 21 diciembre de 2012, la ciudadana MARELYS D’ARPINO, acciona en nombre propio ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo De Justicia, solicitando enresumen Que “se interprete el alcance y contenido de la letra del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a si, la formalidad de la Juramentación prevista para el 10 de enero de 2012  constituye o no una formalidad sine qua non para  un Presidente Reelecto, continúe ejerciendo sus funciones y asimismo, se interprete si tal formalidad puede sersuspendida y/o fijada para una fecha posterior”.
Analizados por la Sala Constitucional los presupuestos de admisibilidad y declarada la urgencia del asunto, la precitada sala paso a analizar el fondo, resolviendo de pleno derecho, toda vez que consideró no era necesario abrir lapso probatorio alguno y con presidencia a la notificación de la procuraduría o del Ministerio Público.
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