Alfonsin

1) El fin de la dictadura cívico-militar argentina trajo consigo nuevos interrogantes y desafíos a enfrentar. La transición hacia la democracia sería compleja ya que debía encontrarse un equilibrio entre la condena a los represores del período anterior sin dejar de considerar la importancia de incorporar a las Fuerzas Armadas como un actor más en el juego político.
Es en este complejo contextoque asume la Presidencia de la Nación Raúl Alfonsín. Su campaña presidencial se había basado en la idea de recuperar el Estado de derecho, un Estado basado en la ley y por ende en la justicia. Este momento fundacional de un nuevo Estado de derechos sería relevante para el resto de la historia por venir y para el futuro de las relaciones entre Estado- sociedad y Estado- Poder Militar. Comoclaramente expresa Rabotnikof en sus líneas[i]: “(…) Era necesario elaborar una oferta de sentido que combinara dosis de memoria y de olvido respecto del pasado reciente, que fuera plausible socialmente, que atribuyera responsabilidades sin profundizar divisiones que implicaran costos políticos, y que permitiera afianzar el protagonismo de las instituciones democráticas y sobre todo de una sociedad quehacía su debut ciudadano.(…)”. Alfonsín adopta una estrategia bifronte, para satisfacer las demandas de justicia de los organismos de derechos humanos, debía sancionar a los miembros de las FF.AA. responsables de las violaciones mientras que buscaba incorporar a los militares nuevamente en la reciente arena democrática. Es por ello que Alfonsín opta por un tratamiento judicial limitado y deja en manosdel Poder Militar una autodepuración interna de las fuerzas. Es interesante resaltar el surgimiento de una interpretación de lo acontecido durante la cruenta dictadura, que se da a conocer como la “Teoría de los dos demonios”[ii], que explicita la existencia de dos demonios que se cruzaron en una “lucha armada”, las FFAA y las organizaciones guerrilleras. Esta teoría busca establecerresponsabilidades múltiples y evitar así demonizar a los militares como únicos responsables de lo sucedido. Es en este marco de situación que el Presidente dicta dos decretos, el Decreto n° 158/83 ordenando el arresto y la prosecución de miembros de las tres primeras juntas militares y el Decreto n° 157/83 ordenando la persecución penal de líderes guerrilleros. Claramente la emergente teoría no era sólo unajustificación que esgrimían las FF.AA. para justificar su horroroso accionar durante la dictadura, sino que había calado hondo en la sociedad e incluso encontraba su reflejo en las sanciones jurídicas recién detalladas.
En diciembre de1983 se sanciona la Ley 23.040, derogando la Ley de Autoamnistía sancionada por el saliente gobierno militar que otorgaba inmunidad a los militares responsables delos crímenes cometidos. En febrero de 1984 se sanciona la Ley 23.049 de Reforma al Código Militar. La misma confería autoridad para el juzgamiento inicial de los militares al Consejo Supremo de las FF.AA., estableciendo una instancia de apelación automática en tribunales civiles si dicho juzgamiento se demoraba más de seis meses. Esta medida tenía como objetivo limitar el alcance de los juicios.Paralelamente el Gobierno constituye la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), encargada de recibir denuncias y pruebas sobre desapariciones, interactuando en su labor con la justicia y favoreciendo la emergencia en el espacio público de una memoria ciudadana. Esta estrategia presidencial evita la formación de una Comisión Investigadora Bicameral, concentrando así el poderde decisión y acción en el Poder Ejecutivo, limitando el accionar del Congreso al respecto. Evitar la tensión, los desbordes y los gestos que podías leerse como “mal intencionados” hacia el Poder Militar (por más irónico que suene) era necesario para establecer el equilibrio en el que debía basarse la naciente democracia. El proceso de autojuzgamiento al interior de las Fuerzas no resultó...