Amparo directo en revisión

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amparo directo en revisión 1236/2004
QUEJOSA: MARÍA ALEJANDRA AMBRIZ ORTIZ.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. ACUERDO DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CUATRO.

V I S T O S ; y

R E S U L T A N D O :PRIMERO.- Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito en Zacatecas, Zacatecas, María Alejandra Ambriz Ortiz, por conducto del Defensor Público Federal José de Jesús Esqueda Díaz, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que a continuación seindican:

“AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es el Magistrado del Tribunal Unitario de este mismo Circuito”.

“ACTO RECLAMADO.- La sentencia dictada por la responsable en los autos del toca penal de apelación número 441/2003-I”.

SEGUNDO: La parte quejosa señaló como garantías violadas las consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;asimismo, narró los antecedentes del asunto y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO.- El Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, a quien correspondió conocer del asunto, en acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil cuatro, admitió la demanda, misma que registró con el número Amparo Directo Penal 202/2004; seguidos los trámiteslegales, con fecha seis de agosto actual, dicho órgano colegiado dictó sentencia, bajo el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Alejandra Ambriz Ortiz, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria”.

Las consideraciones en que se apoyó el Tribunal Colegiado para resolver en el sentido en que lohizo, en la parte que corresponde al análisis del presente recurso, substancialmente, son las siguientes:

a) Declaró infundados los conceptos de violación, referidos a controvertir la debida valoración de pruebas que llevó a cabo la autoridad responsable, concretamente, al afirmar que sí quedó acreditado tanto el cuerpo del delito contra la salud en la modalidad por la que fuesentenciada la quejosa, como su plena responsabilidad, de acuerdo con el material probatorio que en dicha sentencia se relaciona.

b) Declaró infundado el segundo concepto de violación en el que sostuvo el quejoso, que le causó perjuicio el que se otorgara valor preponderante a la declaración ministerial rendida por un testigo de cargo, dado que no se le permitió comunicación previa, privada y sinpresión, con su defensor, vulnerándose sus garantías individuales, particularmente la consistente en una defensa adecuada, además de que no existió igualdad procesal; lo anterior es así, -señaló el Tribunal Colegiado- en atención a que la declaración ministerial referida reviste mayor eficacia jurídica por haber sido vertida a raíz de los hechos, salvo la retractación del testigo, que por cierto,no es advertida de autos.

c) En lo atinente al concepto de violación sobre ‘igualdad procesal’, relacionada a que debió permitirse que el defensor se entrevistara con su defensa, dicho órgano colegiado para dar respuesta a esa inconformidad, retomó las consideraciones que sustentó al resolver el amparo directo penal 674/2002, en sesión del trece de febrero de dos mil tres, las cuales, ensíntesis, son las siguientes:

- Que es desafortunado el argumento del quejoso, y que ello es de origen, por una parte, pues olvida cuál es la primordial pretensión en el proceso penal. Que todo el sistema de procesamiento penal se encamina al esclarecimiento de un hecho que es relevante para el derecho penal, y por ello la sociedad es la primera interesada en que sea acreditado y, en su...
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