Amparo vega

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AMPARO VEGA

Alfonso Jaime Martínez Lazcano[1]

Una simple riña ocasionó otro conflicto de mayor magnitud para el país entre la Suprema Corte de Justicia y el Poder Legislativo, al fallar implícitamente la Corte sobre la inconstitucional del artículo 8º de Ley Orgánica de Amparo (1869) que prohibía expresamente el juicio de garantías contra actos judiciales.

Esta fue la segunda leyreglamentaria de amparo: Se componía de treinta y un artículos, divididos en cinco capítulos: I. Introducción del recurso de amparo y suspensión del acto (arts.1-7); II. Amparo en negocios judiciales (art. 8); III.- Substanciación del recurso (arts. 9-14; IV. Sentencias en última instancia y su ejecución (arts. 15-23); V. Disposiciones generales (arts. 23-31).

El llamado amparo Vega es uno de losprocesos más importantes en la consolidación del juicio de amparo en nuestro país, al respecto han dicho: Alfonso Noriega “provocó la más grave crisis de la institución, que le confirmó fisonomía y personalidad propias”; Antonio Carrillo Flores “[se da] en el proceso de formación de la Suprema Corte de Justicia y en la definición del sitio que en definitiva alcanzaría tanto en nuestra estructuraconstitucional real como dentro del sistema judicial federal…[es] el equivalente mexicano del caso de Marbury contra Madison”; Lucio Cabrera Acevedo “Aunque ya había antecedentes prácticos, su caso logró consolidar plenamente el juicio de amparo contra leyes.”

También permitió impulsar la exploración de la naturaleza jurídica del juicio de amparo judicial, sí es o no un proceso autónomo o un recursoasimilado al de casación, así como ampliar la cobertura de la procedencia del proceso de garantías al estar diseñado original y exclusivamente contra actos de los poderes ejecutivo y legislativo.

La historia: el juez de letras de primera instancia de Culiacán, Sinaloa Miguel Vega el 18 de diciembre de 1968 dictó sentencia determinando que el señor José Bañuelos, un cargador acusado deapuñalear con una navaja al jornalero Benito Prado había actuado en legítima defensa y en riña, imponiéndole dos meses y medio de prisión.

El 18 de marzo de 1969 el Tribunal de Superior revocó la resolución al conocer del recurso de apelación y sancionó administrativamente a Miguel Vega con fundamento en “los artículos 7 y 8 de la ley de 25 de marzo de 1813 previene se pene al juez que por ignorancia odescuido falle contra ley expresa, con un año de suspensión del empleo…siendo consiguiente a dicha suspensión la del ejercicio de la profesión de abogado.”

Cabe señalar que las leyes de Cádiz emitidas por las Cortes se encontraban todavía vigentes en todo el país en esa época, las cuales facultaban a los tribunales de alzada a sancionar a quien emitiera una resolución contra el texto de la ley.Sería adecuado que actualmente este tipo de disposiciones formaran parte de nuestro derecho positivo.

El 23 de marzo de 1969 Miguel Vega presento demanda de amparo en contra de la doble sanción que le fue impuesta: la suspensión del empleo y del ejercicio de su profesión. El juez de distrito de Sinaloa resolvió, en los términos del artículo 8º de la Ley de Amparo, que era improcedente de planola demanda ya que se impugna un acto judicial.

Si bien es cierto el acto reclamado había sido dictado por una autoridad judicial, también que la parte de la sentencia que castigaba al juez era materialmente de naturaleza administrativa porque versaba sobre la sanción impuesta a un juez en ejercicio de sus atribuciones, y no, sobre la responsabilidad penal del señor José Bañuelos.

La SupremaCorte de Justicia determinó, ante el recurso de apelación (hoy revisión), promovido por el quejoso contra el auto que desechaba la demanda, revocar y ordenar que el juez que resolviera el juicio.

Esta decisión trascendió sus dimensiones y provocó una gran discusión política del orden constitucional, al grado de debatir si la Suprema Corte de Justicia tenía facultades para decretar la...
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