ANALISIS 26061

Dictamen al expediente 6484-E-2010 de Promoción y Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba

A continuación se analizara el proyecto de ley desde la perspectiva del paradigma
de la protección integral de la infancia y desde la óptica de un sistema de
responsabilidad penal juvenil.

Paradigma de la Protección Integral de la Infancia

I.Cuando se retrocede en cuanto a los derechos reconocidos en la ley nacional
26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para
continuar con un Sistema de Patronato disfrazado de Sistema de Protección
Integral de Derechos
El proyecto retrocede en relación al mayor alcance de garantías de derechos
reconocidos por la ley nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos deNiñas, Niños
y Adolescentes, y por ende, debe ser –sin dudas- desestimando.
Dentro de este marco, recurre a una serie de eufemismos para continuar con el
derogado sistema tutelar que considera a los niños como incapaces y sigue recurriendo a la
institucionalización como medida de protección.
Tal situación se hace clara cuando el proyecto regula la figura del abogado del niño
pero lo continúaconsiderando incapaz al sujetarlo a la representación de sus padres o a la
promiscua del asesor de menores. También, al momento de reglamentar la medida
excepcional, sin proporcionar los limites necesarios para garantizar su excepcionalidad,
convirtiéndose de este modo la excepción en regla.
No obstante los retrocesos del proceso, resulta evidente que ninguna ley provincial
puede reconocer menos derechosque los consagrados en la ley nacional y mucho menos
re- instalar un patronato disfrazado.
Al respecto, ha dicho Sabsay que la ley 26.061 es una suerte de “medida” elaborada
por el Congreso Nacional para dar cumplimiento a los compromisos internacionales que se
derivan de la ratificación por Argentina de CDN, al asegurar su aplicación en nuestro país
(art. 4 citado). Por lo tanto, en caso deconflicto con normas provinciales éstas deben ceder

a favor de la ley nacional. Estamos frente a una suerte de ley de contenidos mínimos
aplicable en todo el territorio de la Nación. Sus disposiciones tienden a tornar operativas las
de la CDN y están absolutamente vinculadas con ésta. Es más, la aplicación no puede sino
ser conjunta y para entender la relación que se da entre ellas, en lo que interesaa la cuestión
que estamos desarrollando, opera el vínculo que existe en derecho entre lo principal y lo
accesorio. La ley juega como un accesorio de la Convención y por lo tanto es objeto de las
mismas consideraciones que ésta. Ergo, las provincias deben respetarla, en tanto lo
principal sigue necesariamente a lo accesorio.
Además, las disposiciones de la ley son fundamentalmente de derecho civilpor lo
cual se extienden a ellas las consecuencias relacionadas con toda norma que conforme el
denominado derecho de fondo. Esto es, se aplica el artículo 75, inc. 12 CN que le concede
al Congreso nacional la facultad entre otros de dictar el Código Civil. Pero en base a la
misma disposición “no deben alterarse las jurisdicciones locales”. En lo que respecta a
nuestra materia esta directivaimplica que debe quedar en manos provinciales la aplicación
de la ley y por órganos locales.
No obstante lo expresado, las Provincias deben dictar las normas que
complementen a la ley 26.061 de manera de adaptar sus disposiciones a las realidades
locales. Asimismo, ello será necesario para la aplicación de las políticas encaminadas a hacer
frente a esas realidades y que ameritan la elaboración dedisposiciones adecuadas a las
mismas.1
En resumen, las provincias no pueden reconocer menos derechos de los
reconocidos por la ley nacional pero si pueden ampliar el plexo de derechos y garantías.
Esto no ha sucedido con el proyecto en análisis que limita groseramente la figura
del abogado del niño y amplia también groseramente la procedencia de las medida de
separación del medio familiar, generando...