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105 DPR 422
El Pueblo de Puerto Rico Demandante y apelado v. Paul Dolce Acusado y apelante Núm. CR-76-9 13 de diciembre de 1976 TRIAS MONGE SENTENCIA de Antonio Rivera Brenes, J. (San Juan) condenando al acusado por tres infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. Confirmada. ABOGADOS Jorge Arroyo Fernández, abogado del apelante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y RolandoRodríguez Ossorio, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo. Exige este caso el examen del alcance de la garantía constitucional contra registros e incautaciones irrazonables cuando, al detenerse al conductor de un vehículo por violación {DPR 424} a las leyes de tránsito, se descubre prueba dentro del automóvil sobre la comisión de otro delito. Mientras un automóvil oficial de la policíapatrullaba de noche las calles del Viejo San Juan, se encontró un vehículo que transitaba por la Calle Comercio en dirección opuesta al tráfico autorizado. El agente lo detuvo y le solicitó al chófer, Henry Dumornay, que le mostrase su licencia de conducir. Dumornay contestó que no tenía licencia. El policía le indicó que en tales circunstancias debía acompañarle a la Sala de Investigaciones. Aldescender Dumornay del vehículo se encendió el interior del mismo y el agente vio en el asiento delantero una bolsa de tela, la cual, conforme su declaración, contenía por encima picadura de supuesta marihuana. Observó también que en el piso de la guagua, en la parte delantera, había un paquete cuadrado y que en el asiento trasero, donde viajaba el apelante, Paul Dolce, se hallaba una bolsa de papelgrande con paquetes en su interior. El agente le preguntó a Dumornay sobre el contenido de los paquetes y éste se quedó callado, titubeando un poco. El policía tomó entonces un paquete, lo olfateó, sospechó que contenía marihuana y le dijo en consecuencia al apelante que él también estaba detenido. El apelante se dio inmediatamente a la fuga, siendo apresado horas más tarde. Mientras tanto secondujo a Dumornay con el vehículo al cuartel, donde se le entregaron los paquetes al químico. Había setenta y dos paquetes dentro de los observados originalmente por el policía. El químico concluyó que los paquetes contenían marihuana. Se acusó al apelante por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. Se le halló culpable en juicio por tribunal de derecho y se le condenó a cumplirconcurrentemente sentencias de ocho a doce años de reclusión en presidio. El apelante sostiene ante nos que se le condenó a base de prueba obtenida en violación a lo dispuesto en la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos y de la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico. El planteamiento 1

{DPR 425} del apelante encierra un problema de índole procesal, otro de método yuna cuestión de naturaleza sustantiva. I El problema procesal. La moción de supresión de evidencia se interpuso por el apelante al terminar de desfilar la prueba de cargo. La Regla 234 de las de Procedimiento Criminal ordena que este género de moción "se hará cinco días antes del juicio a menos que no hubiere oportunidad para ello o que el acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o quela ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal." Esta Regla, derivada principalmente de los Arts. 517, 518 y 518A del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, es distinta a sus equivalentes federales, las Reglas 12 y 41(e) y (f), las cuales se aproximan al procedimiento modernamente recomendado por el Instituto Americano del Derecho. El Instituto no le impone alacusado obligación alguna de radicar la moción de referencia antes del juicio a menos que el Ministerio Público le notifique formalmente que ha de utilizar determinada prueba. En adición, el tribunal tiene amplia discreción para permitir la moción de supresión durante el juicio. American Law Institute, A Model Code of Pre-Arraignment Procedure, 15 de abril de 1975, sec. 290.1. Véase: Henry v....
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