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Páginas: 38 (9320 palabras)
Publicado: 30 de mayo de 2013
REFORMA PENITENCIARIA: EL CASO DEL PROGRAMA DE CONCESIONES EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN CHILE.
JAIME ARELLANO QUINTA
Subsecretario de Justicia
Chile
I. Introducción
Los procesos históricos vividos durante las últimas décadas, que desembocaron en el retorno a sistemas y regímenes democráticos en varios países de la Región, hicieron patente la necesidad de llevar adelanteprofundos procesos de transformación tanto sociales como institucionales que apuntaran a consolidar y fortalecer las recuperadas democracias, siendo la Justicia y Gobernabilidad Democrática uno de los pilares fundamentales a considerar en cualquier Estado de Derecho que se precie como tal.
La noción de Gobernabilidad sienta la base de manejo del poder en forma consensuada entre Estado y la sociedadcivil, capaz de generar instituciones y condiciones estables, cuyo fin último es el desarrollo pleno de sus habitantes. Por otra parte, la democracia enriquece y exalta esta noción de ejercicio al formular exigencias adicionales respecto de la protección de derechos fundamentales de las personas y el sistema de gobierno.
Teniendo como norte la anterior noción, el Estado de Chile se embarcó alo largo de la última década en lo que se ha denominado la “reforma del siglo” en materia de Justicia, cuyo eje central lo constituye la Reforma Procesal Penal, pero que por su carácter integral tiene variados componentes; entre ellos, el de reforma penitenciaria y carcelaria, tema que constituye el punto central de esta exposición y que está estrechamente relacionada con la política criminal deun determinado país.
Al respecto cabe recordar que son múltiples los supuestos que resultan imprescindibles para dar un marco coherente al conjunto de las actividades estatales que constituyen la respuesta a la criminalidad.
Resulta necesario avanzar hacia el establecimiento de una política criminal armónica que, junto a un sistema penitenciario moderno, conjugue un adecuado sistema depenas y cumplimiento de éstas, con una política racional de prevención del delito.
Nuestro país y en general los países de la región no están ajenos a este proceso de discusión y diseño de nuevas instituciones y leyes, que respondan a las particularidades que detenta la ejecución de los delitos y que tienen su efecto en los sistemas penitenciarios.
En el caso de Chile, la gradual entrada envigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal está racionalizando el uso de la cárcel producto de la agilización de los procesos judiciales y de la utilización de los nuevos institutos procesales, entre ellos los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento.
Independiente de estos efectos, afrontar los problemas penitenciarios pasa necesariamente por aplicarsoluciones de fondo que, en el caso de Chile, van más allá de un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
Necesitamos de medidas de mediano y largo plazo para superar históricas dificultades como el déficit de infraestructura y el consiguiente hacinamiento carcelario, factores que atentan contra la reinserción social de los privados de libertad y, a todas luces, constituye un factor relevante delfenómeno de la reincidencia delictiva.
La priorización de los fondos del Estado hacia áreas tan sensibles para la ciudadanía como salud, vivienda y educación, en otras palabras, la concentración y liberación de recursos para su destino a la llamada inversión social, ha sido uno de los elementos decisivos para optar, en el caso de Chile, por un modelo de alianza público-privada en la renovacióndel sistema carcelario.
En paralelo, a través de una Ley de Modernización y de ampliación del número de funcionarios de Gendarmería de Chile, organismo encargado de la administración penitenciaria, se definió llevar adelante, como no se había realizado nunca en la historia penitenciaria nacional, la profesionalización y optimización del servicio de prisiones.
Sin embargo, como mencionaba,...
JAIME ARELLANO QUINTA
Subsecretario de Justicia
Chile
I. Introducción
Los procesos históricos vividos durante las últimas décadas, que desembocaron en el retorno a sistemas y regímenes democráticos en varios países de la Región, hicieron patente la necesidad de llevar adelanteprofundos procesos de transformación tanto sociales como institucionales que apuntaran a consolidar y fortalecer las recuperadas democracias, siendo la Justicia y Gobernabilidad Democrática uno de los pilares fundamentales a considerar en cualquier Estado de Derecho que se precie como tal.
La noción de Gobernabilidad sienta la base de manejo del poder en forma consensuada entre Estado y la sociedadcivil, capaz de generar instituciones y condiciones estables, cuyo fin último es el desarrollo pleno de sus habitantes. Por otra parte, la democracia enriquece y exalta esta noción de ejercicio al formular exigencias adicionales respecto de la protección de derechos fundamentales de las personas y el sistema de gobierno.
Teniendo como norte la anterior noción, el Estado de Chile se embarcó alo largo de la última década en lo que se ha denominado la “reforma del siglo” en materia de Justicia, cuyo eje central lo constituye la Reforma Procesal Penal, pero que por su carácter integral tiene variados componentes; entre ellos, el de reforma penitenciaria y carcelaria, tema que constituye el punto central de esta exposición y que está estrechamente relacionada con la política criminal deun determinado país.
Al respecto cabe recordar que son múltiples los supuestos que resultan imprescindibles para dar un marco coherente al conjunto de las actividades estatales que constituyen la respuesta a la criminalidad.
Resulta necesario avanzar hacia el establecimiento de una política criminal armónica que, junto a un sistema penitenciario moderno, conjugue un adecuado sistema depenas y cumplimiento de éstas, con una política racional de prevención del delito.
Nuestro país y en general los países de la región no están ajenos a este proceso de discusión y diseño de nuevas instituciones y leyes, que respondan a las particularidades que detenta la ejecución de los delitos y que tienen su efecto en los sistemas penitenciarios.
En el caso de Chile, la gradual entrada envigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal está racionalizando el uso de la cárcel producto de la agilización de los procesos judiciales y de la utilización de los nuevos institutos procesales, entre ellos los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento.
Independiente de estos efectos, afrontar los problemas penitenciarios pasa necesariamente por aplicarsoluciones de fondo que, en el caso de Chile, van más allá de un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
Necesitamos de medidas de mediano y largo plazo para superar históricas dificultades como el déficit de infraestructura y el consiguiente hacinamiento carcelario, factores que atentan contra la reinserción social de los privados de libertad y, a todas luces, constituye un factor relevante delfenómeno de la reincidencia delictiva.
La priorización de los fondos del Estado hacia áreas tan sensibles para la ciudadanía como salud, vivienda y educación, en otras palabras, la concentración y liberación de recursos para su destino a la llamada inversión social, ha sido uno de los elementos decisivos para optar, en el caso de Chile, por un modelo de alianza público-privada en la renovacióndel sistema carcelario.
En paralelo, a través de una Ley de Modernización y de ampliación del número de funcionarios de Gendarmería de Chile, organismo encargado de la administración penitenciaria, se definió llevar adelante, como no se había realizado nunca en la historia penitenciaria nacional, la profesionalización y optimización del servicio de prisiones.
Sin embargo, como mencionaba,...
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