Artritis

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Rev Esp Sanid Penit 2012; 14: 1-2 Editorial

EDITORIAL El papel de la Sanidad Penitenciaria en la prevención y tratamiento del consumo de drogas ilegales
Con arreglo al derecho internacional, los presos han de gozar de todos los derechos humanos, excepto de los que se deriven de su encarcelamiento. Por ello, el Estado Democrático tiene que velar para que, en el contexto penitenciario, lospresos puedan recibir los mismos cuidados de salud que tendrían en la Comunidad (servicios de prevención, atención, tratamiento y rehabilitación). El derecho a la Salud, en el derecho internacional, debe entenderse en el contexto del concepto amplio de Salud consagrado en la Constitución de la OMS, que la define como un “Estado de completo bienestar físico, mental y de bienestar social” y nosolamente como la ausencia de enfermedades. Hasta la epidemia de la infección por VIH/Sida, los usuarios de drogas rara vez se mencionaban en los tratados internacionales de derechos humanos. Fue a partir de dicha epidemia que dichos tratados, ratificados por España, marcan la obligación legal de respetar, proteger y satisfacer el derecho de los presos, entre otras cosas a: la igualdad y la nodiscriminación, la vida, la seguridad de la persona y el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental1. Así mismo, la OMS publicó en el año 1993, ratificado después en el año 2009, unas guía de abordaje en las cárceles de la infección por VIH/Sida en consumidores de drogas inyectadas2. En general este documento establece normas, a partir de una perspectiva de salud pública, que lasautoridades penitenciarias han de alcanzar para prevenir y tratar el consumo de drogas y las enfermedades infecto-contagiosas. En España, en el año 1979, se normalizó la asistencia médica en el contexto carcelario como una responsabilidad de la Administración Penitenciaria. Los servicios de salud se desarrollaron progresivamente a lo largo de la década de los 80, en parte debido a las altas prevalenciasdel consumo de drogas inyectadas y de las infecciones concomitantes a dicho consumo como el VIH/Sida y la Tuberculosis3. Los usuarios de drogas, principalmente los que se la inyectan, son una población que, aparte de los riesgos que comporta su estilo de vida, son estigmatizados y discriminados por la Sociedad y por ello son más vulnerables, presentando peor salud física y mental que la poblaciónno consumidora. Muchos de ellos nunca, o rara vez, han tenido contacto con los servicios de salud antes de su encarcelamiento y los trastornos mentales, el abuso de drogas y las enfermedades transmisibles son su principal problema de salud. La disparidad en la salud entre la población reclusa y la población general, ha sido atribuida a diversos determinantes socioeconómicos, ambientales,comportamentales y al mismo sistema legal. El incremento en la carga de morbi-mortalidad de los presos incide directamente en la salud mental y física, lo cual aumenta el riesgo de ser delincuentes reincidentes4. Por ello, el tratamiento de estas patologías comórbidas es un reto importante de la Administración Penitenciaria y de la sociedad en general. En los últimos años, algunos países, España entreellos, han respondido a la epidemia de las enfermedades infecto-contagiosas (infección por el VIH, por el VHC, etc.) introduciendo en prisión programas de reducción de daños, que tienen como objetivo reducir las consecuencias perjudiciales del consumo de drogas sin la necesidad obligatoria de disminuir dicho consumo. Estos programas se basan en que las intervenciones coercitivas son contraproducentespara el control de la transmisión de las enfermedades infecciosas y de sus consecuencias, y hay que apoyarse en el respeto a las personas y en el derecho a la dignidad y responsabilidad personal. Por ello, los esfuerzos realizados incluyen la aplicación pragmática de medidas de salud pública, tales como el suministro de preservativos, lejía u otro desinfectante para limpiar las jeringuillas, el...