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Páginas: 5 (1218 palabras)
Publicado: 26 de enero de 2015
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013).-
(discutido y aprobado en Sala de 29 de mayo de 2013).
Ref.: 11001-22-03-000-2013-00583-01
Decide la Corte la impugnación formulada por el accionante respecto de la sentencia proferida el 16 de abril de 2013 por laSala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se denegó la petición de amparo que él presentó contra la Policía Nacional -Pagaduría de Pensionados-, Banco Pichincha S. A. y Banco Popular S. A.
ANTECEDENTES
1. El señor MIGUEL ÁNGEL MONTENEGRO solicitó la protección constitucional del derecho fundamental de petición, en conexidad con el derecho a la“integración familiar”, presuntamente vulnerados por los accionados.
2. La situación fáctica descrita por el accionante se puede resumir en que radicó una solicitud en la Policía Nacional, orientada al reconocimiento de los perjuicios morales y patrimoniales irrogados con ocasión de las irregularidades que se han presentado en los descuentos que la Pagaduría de esa entidad le efectúa a favor del BancoPopular y del Banco Pichincha, como quiera que no es posible que actualmente adeude una suma de dinero superior a la que en un principio se le prestó.
Indicó que la Policía Nacional se limitó a responder que no tiene injerencia en el manejo de las obligaciones financieras de los pensionados.
3. Con apoyo en los hechos antes relatados, pidió que se le ordene a la Policía Nacional realizar uncontrol sobre los descuentos que efectúa a favor de los Bancos Popular y Pichincha, precisando el valor real de tales deducciones. Además, que se le reconozcan los perjuicios que se le han ocasionado.
EL FALLO IMPUGNADO
El sentenciador de primera instancia señaló que la petición formulada por el accionante recibió una respuesta de fondo. Precisó que la controversia que éste plantea en elcampo de la acción de tutela es improcedente, por tratarse de asuntos de índole económica y contractual que escapan de la órbita de competencia del Juez constitucional.
LA IMPUGNACIÓN
El promotor del amparo no expresó los motivos de inconformidad frente al fallo del Tribunal
CONSIDERACIONES
1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Política,la procedencia de la acción de tutela está condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violación, si el interesado no cuenta con otro medio idóneo de defensa judicial, prerrogativa que le será protegida de manera inmediata, a través de esta vía breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo enrelación con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Es pertinente recordar que el derecho de petición se encuentra reconocido expresamente en el artículo 23 de la Constitución Política como derecho fundamental, y seconcreta en la posibilidad de acudir ante las autoridades –excepcionalmente ante los particulares- con el objeto de obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que guarden correspondencia con lo solicitado, y que se den a conocer al interesado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley.
La eficacia del derecho de petición se concreta en que la respuesta que reciba elsolicitante por parte de la autoridad, satisfaga todos los interrogantes planteados y se dé a conocer de manera real, sin que ello implique que la contestación que se emita necesariamente deba ser favorable al peticionario, pues, “el hecho de no coincidir las respuestas y actuaciones adelantadas con las expectativas del peticionario, es asunto ajeno a la acción de tutela” (sentencia del 16 de...
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013).-
(discutido y aprobado en Sala de 29 de mayo de 2013).
Ref.: 11001-22-03-000-2013-00583-01
Decide la Corte la impugnación formulada por el accionante respecto de la sentencia proferida el 16 de abril de 2013 por laSala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se denegó la petición de amparo que él presentó contra la Policía Nacional -Pagaduría de Pensionados-, Banco Pichincha S. A. y Banco Popular S. A.
ANTECEDENTES
1. El señor MIGUEL ÁNGEL MONTENEGRO solicitó la protección constitucional del derecho fundamental de petición, en conexidad con el derecho a la“integración familiar”, presuntamente vulnerados por los accionados.
2. La situación fáctica descrita por el accionante se puede resumir en que radicó una solicitud en la Policía Nacional, orientada al reconocimiento de los perjuicios morales y patrimoniales irrogados con ocasión de las irregularidades que se han presentado en los descuentos que la Pagaduría de esa entidad le efectúa a favor del BancoPopular y del Banco Pichincha, como quiera que no es posible que actualmente adeude una suma de dinero superior a la que en un principio se le prestó.
Indicó que la Policía Nacional se limitó a responder que no tiene injerencia en el manejo de las obligaciones financieras de los pensionados.
3. Con apoyo en los hechos antes relatados, pidió que se le ordene a la Policía Nacional realizar uncontrol sobre los descuentos que efectúa a favor de los Bancos Popular y Pichincha, precisando el valor real de tales deducciones. Además, que se le reconozcan los perjuicios que se le han ocasionado.
EL FALLO IMPUGNADO
El sentenciador de primera instancia señaló que la petición formulada por el accionante recibió una respuesta de fondo. Precisó que la controversia que éste plantea en elcampo de la acción de tutela es improcedente, por tratarse de asuntos de índole económica y contractual que escapan de la órbita de competencia del Juez constitucional.
LA IMPUGNACIÓN
El promotor del amparo no expresó los motivos de inconformidad frente al fallo del Tribunal
CONSIDERACIONES
1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Política,la procedencia de la acción de tutela está condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violación, si el interesado no cuenta con otro medio idóneo de defensa judicial, prerrogativa que le será protegida de manera inmediata, a través de esta vía breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo enrelación con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Es pertinente recordar que el derecho de petición se encuentra reconocido expresamente en el artículo 23 de la Constitución Política como derecho fundamental, y seconcreta en la posibilidad de acudir ante las autoridades –excepcionalmente ante los particulares- con el objeto de obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que guarden correspondencia con lo solicitado, y que se den a conocer al interesado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley.
La eficacia del derecho de petición se concreta en que la respuesta que reciba elsolicitante por parte de la autoridad, satisfaga todos los interrogantes planteados y se dé a conocer de manera real, sin que ello implique que la contestación que se emita necesariamente deba ser favorable al peticionario, pues, “el hecho de no coincidir las respuestas y actuaciones adelantadas con las expectativas del peticionario, es asunto ajeno a la acción de tutela” (sentencia del 16 de...
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