Caso castañeda gutman vs. estados unidos mexicanos

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos.

Objeto de la controversia.

La inexistencia en el ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento para que el señor Jorge Castañeda Gutman inscribiera su candidatura independiente a la Presidencia dela República Mexicana para las elecciones que se celebraron en julio de 2006.

Derivado de lo anterior la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declarara que México es responsable por la violación en perjuicio de Jorge Castañeda Gutman, del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos,en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos y de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos.

Defensas del Estado Mexicano.

Ante la controversia de la cual fue parte, el Estado Mexicano alegó que en el presente caso no hubo un acto de aplicación de la ley debido a que elSeñor Jorge Castañeda Gutman solicitó el registro de su candidatura en marzo de 2004, cuando el proceso electoral al que deseaba presentarse, que se llevaría adelante en el año 2006, no se había iniciado. Por lo que no hubo aplicación de la ley porque al responder dicha solicitud extemporánea, la autoridad administrativa electoral sólo informó al denunciante lo establecido en las normas que regulanla materia, en tanto su solicitud fuera de plazo condicionaba los demás requisitos. El hecho de que la autoridad electoral aludiera en su respuesta al requisito legal de ser nominado por un partido, no implicó la aplicación de dicha norma en detrimento de la presunta víctima, ya que para ello tendría al menos que haber iniciado el proceso electoral y haber presentado el Señor Castañeda Gutman susolicitud en la etapa correspondiente de registro de candidaturas.

Inconforme con dicha actuación de la autoridad electoral, el denunciante interpuso un Juicio de Amparo, argumentando:

a) La infracción de las garantías individuales de ejercicio de la libertad de trabajo y participación en el desarrollo del régimen democrático de la vida política nacional;

b) La violación de lagarantía individual de igualdad ante la ley; y

c) La trasgresión de la garantía individual de libertad de asociación, de la cual conoció la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, quien resolvió declarar improcedente el juicio de amparo interpuesto por la presunta víctima en virtud de la improcedencia constitucional que se deriva del 105 Constitucional,fracción II, párrafo tercero, que establece que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la acción de inconstitucionalidad.

Ante esta decisión, el agraviado interpuso un recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolviendo las cuestiones legales y planteó que la SupremaCorte ejerciera su facultad de atracción sobre las cuestiones constitucionales.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia recurrida y resolvió declarar improcedente el amparo en revisión respecto de los artículos 175, 176, 177, párrafo 1, inciso e y 178 del COFIPE, cuya constitucionalidad cuestionaba la presunta víctima, sin entrar a analizar el fondo de lacuestión. Consideró que la facultad de resolver sobre la contradicción de normas electorales a la Constitución Federal, está plenamente limitada por mandato constitucional al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el Tribunal Electoral conocerá respecto de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto constitucional, siempre que esa interpretación no...