CASO SOJO
Páginas: 30 (7399 palabras)
Publicado: 11 de mayo de 2015
Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nación
22/09/1887
Partes:
Sojo,
Eduardo
c/
Cámara
de
Diputados
de
la
Nación
SUMARIOS:
La Corte Suprema no tiene jurisdicción originaria para conocer en recursos de
hábeas corpus interpuestos por particulares -en el caso, incoado contra el
mandamiento de prisión dispuesto por la Cámara de Diputados- salvo que el
individuo arrestado fuera embajador,ministro o cónsul extranjero; o el arresto
hubiese sido decretado por tribunal o juez de cuyos autos le correspondiese
entender
por
apelación.
No corresponde reconocer al mandamiento de prisión dictado por la Cámara de
Diputados el carácter de tribunal a los fines que la Suprema Corte entienda en el
recurso de hábeas corpus interpuesto contra el mismo, pues ello sería
repugnante a la independenciade los poderes legislativo y judicial, y otros
principios
del
orden
constitucional.
La Corte Suprema posee jurisdicción para entender en un recurso de hábeas
corpus -en el caso, incoado contra el mandamiento de prisión dispuesto por la
Cámara de Diputados- toda vez que el art. 20 de la ley nacional de jurisdicción y
competencia de los tribunales federales no hace distingo alguno ni establecelimitaciones, por lo cual, lo contrario implicaría desnaturalizar por completo
aquel remedio llano y expeditivo del citado recurso (del voto en disidencia del
doctor
de
la
Torre).
Siendo, el recurso de hábeas corpus, de jurisdicción apelada por su naturaleza y
estando atribuido su conocimiento a la Suprema Corte, concurrentemente con
los jueces federales, no puede negarse la competencia del citadoalto tribunal
para conocer en él, máxime cuando, como en el caso, se interpone contra la
resolución expedida por una de las ramas del Congreso ejerciendo atribuciones
judiciales
(del
voto
en
disidencia
del
doctor
TEXTO
Ibargúren).
COMPLETO:
Vista
del
Procurador
General:
En el caso de D. Eliseo Acevedo, igual en todo al presente, he manifestado á V.
E. por extenso mi parecer conrespecto á la facultad de que las Cámaras de la
nación entienden estar premunidas para castigar la violación de sus privilegios e
inmunidades
(1ª,
2ª,
7ª,
19ª,
p.
463).
En el citado caso, como los anteriores, de Calvete y Latorre, la resolución de V.
E. fue contraria á aquellas facultades, y declaró que el castigo de la violación de
los expresados privilegios correspondía á los tribunales de justicia, deacuerdo
con lo dispuesto por la ley de 14 de setiembre de 1863.
Habiendo jurisprudencia uniforme establecida por esta Corte, ocuparía
estérilmente la recargada atención de V. E., reproduciendo ó esforzando las
mismas consideraciones que en oportunidad no remota, hice valer. Y sería esto
menos excusable, cuando ningún argumento, que no fuese antes considerado,
se ha traído al debate, parademostrar que la ley de setiembre no atribuye á los
tribunales de justicia el conocimiento de los desacatos contra el poder
legislativo; ni menos, que la facultad de castigarlos por las mismas Cámaras, sea
indispensable
á
su
existencia.
Me limitaré, por tanto, á rogar á V. E. tenga por reproducidos los fundamentos
de mi dictamen antes recordado, y á pedir en su mérito, la inmediata libertad
delrecurrente.
Eduardo
Costa.
Buenos
Aires,
setiembre
15
de
1887.
Vuelvan los autos al procurador general, para que tomando especialmente en
consideración el punto relativo á la competencia de esta Corte, á que se refiere
el recurrente al final de su escrito, se sirva dictaminar sobre él. - Benjamín
Victorica.
Vista
del
Procurador
General:
La jurisdicción establecida por V. E. en los casos de"habeas corpus" ocurridos
en el asiento de sus deliberaciones, es de todo punto uniforme. Los que han
deducido este recurso en la capital, todos han ocurrido directamente á V. E.
prescindiendo
de
los
jueces
de
sección.
En todos estos casos, V. E. ha hecho lugar ó ha denegado la libertad que se
solicitaba.
Lo recordaré sucintamente: en 1870, D. Juan V. Montaña, preso á disposición
del gobierno...
Suprema
de
Justicia
de
la
Nación
22/09/1887
Partes:
Sojo,
Eduardo
c/
Cámara
de
Diputados
de
la
Nación
SUMARIOS:
La Corte Suprema no tiene jurisdicción originaria para conocer en recursos de
hábeas corpus interpuestos por particulares -en el caso, incoado contra el
mandamiento de prisión dispuesto por la Cámara de Diputados- salvo que el
individuo arrestado fuera embajador,ministro o cónsul extranjero; o el arresto
hubiese sido decretado por tribunal o juez de cuyos autos le correspondiese
entender
por
apelación.
No corresponde reconocer al mandamiento de prisión dictado por la Cámara de
Diputados el carácter de tribunal a los fines que la Suprema Corte entienda en el
recurso de hábeas corpus interpuesto contra el mismo, pues ello sería
repugnante a la independenciade los poderes legislativo y judicial, y otros
principios
del
orden
constitucional.
La Corte Suprema posee jurisdicción para entender en un recurso de hábeas
corpus -en el caso, incoado contra el mandamiento de prisión dispuesto por la
Cámara de Diputados- toda vez que el art. 20 de la ley nacional de jurisdicción y
competencia de los tribunales federales no hace distingo alguno ni establecelimitaciones, por lo cual, lo contrario implicaría desnaturalizar por completo
aquel remedio llano y expeditivo del citado recurso (del voto en disidencia del
doctor
de
la
Torre).
Siendo, el recurso de hábeas corpus, de jurisdicción apelada por su naturaleza y
estando atribuido su conocimiento a la Suprema Corte, concurrentemente con
los jueces federales, no puede negarse la competencia del citadoalto tribunal
para conocer en él, máxime cuando, como en el caso, se interpone contra la
resolución expedida por una de las ramas del Congreso ejerciendo atribuciones
judiciales
(del
voto
en
disidencia
del
doctor
TEXTO
Ibargúren).
COMPLETO:
Vista
del
Procurador
General:
En el caso de D. Eliseo Acevedo, igual en todo al presente, he manifestado á V.
E. por extenso mi parecer conrespecto á la facultad de que las Cámaras de la
nación entienden estar premunidas para castigar la violación de sus privilegios e
inmunidades
(1ª,
2ª,
7ª,
19ª,
p.
463).
En el citado caso, como los anteriores, de Calvete y Latorre, la resolución de V.
E. fue contraria á aquellas facultades, y declaró que el castigo de la violación de
los expresados privilegios correspondía á los tribunales de justicia, deacuerdo
con lo dispuesto por la ley de 14 de setiembre de 1863.
Habiendo jurisprudencia uniforme establecida por esta Corte, ocuparía
estérilmente la recargada atención de V. E., reproduciendo ó esforzando las
mismas consideraciones que en oportunidad no remota, hice valer. Y sería esto
menos excusable, cuando ningún argumento, que no fuese antes considerado,
se ha traído al debate, parademostrar que la ley de setiembre no atribuye á los
tribunales de justicia el conocimiento de los desacatos contra el poder
legislativo; ni menos, que la facultad de castigarlos por las mismas Cámaras, sea
indispensable
á
su
existencia.
Me limitaré, por tanto, á rogar á V. E. tenga por reproducidos los fundamentos
de mi dictamen antes recordado, y á pedir en su mérito, la inmediata libertad
delrecurrente.
Eduardo
Costa.
Buenos
Aires,
setiembre
15
de
1887.
Vuelvan los autos al procurador general, para que tomando especialmente en
consideración el punto relativo á la competencia de esta Corte, á que se refiere
el recurrente al final de su escrito, se sirva dictaminar sobre él. - Benjamín
Victorica.
Vista
del
Procurador
General:
La jurisdicción establecida por V. E. en los casos de"habeas corpus" ocurridos
en el asiento de sus deliberaciones, es de todo punto uniforme. Los que han
deducido este recurso en la capital, todos han ocurrido directamente á V. E.
prescindiendo
de
los
jueces
de
sección.
En todos estos casos, V. E. ha hecho lugar ó ha denegado la libertad que se
solicitaba.
Lo recordaré sucintamente: en 1870, D. Juan V. Montaña, preso á disposición
del gobierno...
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