Casos costitucionales

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CASO FAYT. (Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional)
 En 1994 se modificó la Constitución Nacional y una de las reformas limitó la inamovilidad de los jueces, pues por el art. 99 inc. 4 (tercer párrafo) los jueces mayores de 75 años necesitan un nuevo acuerdo del Senado para seguir en sus funciones.
Carlos Santiago Fayt, miembro de la Corte (de 76 años en 1994, actualmente de 81 años) se vióafectado por esa cláusula constitucional y tramitó ante el fuero en lo Contencioso Administrativo una ‘acción declarativa’ (art. 322 Cód. Proc. Civil y Comercial de la Nación) reclamando que la cláusula en cuestión fuese declarada insconstitucional y posteriormente nula.
Los fundamentos de la petición de Fayt fueron los siguientes:
- La norma cuestionada significaba una limitación no autorizada ala garantía de inamovilidad de los jueces (actual art.110 de la C.N.; antes: art. 96);
- La ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma constitucional y fijó los temas que podían ser modificados, no incluyó al art. 96 (inamobilidad de los jueces; hoy: art. 110), por lo tanto, cualquier modificación a la misma es nula.
- La misma ley 24.309 establece que serán nulas las modificacionesintroducidas fuera de los puntos habilitados y que la justicia es la encargada de declararla.
La jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo -María Cristina Carrión de Lorenzo- hizo lugar al pedido y declararó la nulidad de la reforma introducida en ese punto de la Constitución. La sentencia fue apelada.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó la declaración de nulidad dela cláusula constitucional, pero la confirmó respecto a la procedencia de la acción declarativa, considerando que los jueces tienen un derecho adquirido a las condiciones de estabilidad vigentes al momento del nombramiento, y por lo tanto, Fayt -que fue designado en 1983, antes de la reforma del 94- no estaba sujeto al límite de edad fijado en la norma constitucional.
Contra este pronunciamiento,el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte, con el voto de la mayoría (Dres. Nazareno, Belluscio, O Connor, Boggiano, López y Vázquez) declaró nula la cláusula del párrafo tercero, inc. 4 del art. 99 ("Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera deesos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años...").
La Corte consideró que dicha cláusula es nula, fundamentalmente porque la Ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma constitucional, no autorizó a limitar la garantía de inamovilidad. Por lo tanto, la Convención reformadora realizó una reforma para la cual no se la había autorizado, ni expresa ni implícitamente.Además, la misma ley 24.309 establece la nulidad para cualquier modificación introducidas fuera de los temas autorizados (art. 6)
La Corte acepta expresamente su facultad de ejercer control judicial de constitucionalidad sobre la reforma de la Constitución. La misma Corte recuerda que la doctrina sobre dicho control ya había sido elaborada por el Tribunal hace más de treinta años en la interpretacióndel fallo "Soria de Guerrero, Juana Ana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A." En ese precedente, se aplicó a la actividad de una convención reformadora el principio jurisprudencial que limitaba las facultades jurisdiccionales respecto del proceso de ‘formación y sanción’ de las leyes. Sin embargo, se afirmó que esa regla general sólo cedería si se demostrase la falta de concurrencia de losrequisitos mínimos e indispensables que condicionan la sanción de la norma constitucional reformada (fallos 256:556).
Es elocuente -dice la Corte- que el Congreso de la Nación al dictar la ley de necesidad de la reforma haya expresado la aceptación del carácter justiciable de los límites del poder reformador, ya que al prever la nulidad de las reformas que realice la convención fuera de la...
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