Civil

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3.4.3.2. DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMA¬CIÓN

Artículo II. Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento.
El carácter frecuentemente oculto de laamenaza ambiental impone la necesidad de hacer pública toda la información relativa a la misma y, especialmente, evaluar el impacto ambiental de obras y actividades, y de difundir sus conclusiones para que los interesados puedan intentar oportunamente los remedios jurídicos adecuados para defender sus derechos142.
Normalmente, quien detenta o puede acceder más fácilmente a la información queidentifique el impacto ambiental dañino de esa actividad es quien la ejecuta, pero por eso mismo puede advertir también que el conocimiento de ese impacto por terceros puede condicionar o aun frustrar la actividad. Ello puede incluir en él una reticencia respecto a la información comercial, técnica o científica que le convenga reservarse, que puede dificultar la adopción de decisiones y la atribución deresponsabilidad jurídica en desmedro del desarrollo duradero y del valor justicia143. Obviamente,, a quien contamina, no le conviene que lo vean contaminar.
"Más vale prevenir que lamentar", reza el viejo refrán. Pero para prevenir es necesario primero observar, diagnosticar y pronosticar, y ello no puede conseguirse sin la información necesaria. El Principio 10 de la Declaración de Río (1992),señala que: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel.
que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medioambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades".La ciudadanía, las ONG vinculadas a la defensa del medioambiente, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defenso-ría del Pueblo, el Poder Judicial y los gobiernos locales y regionales, deben convertir en un hábito responsable el ejercicio de su derecho a solicitar información a las empresas productivas, entidades sectoriales y potenciales infractores. La solicitud puede ser inmotivada, lo quepermite al administrado no dar mayor explicación del motivo por el que solicita dicha información ni qué destino le dará. La información solicitada o que se entregue debe tener dos características: debe ser adecuada, o acorde con la solicitud de información, y ser brindada oportunamente. De esta forma, toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante cualquierentidad pública respecto de riesgos o daños al ambiente y sus demás componentes, en especial aquellos vinculados a daños o riesgos a la salud de las personas. Y en caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad, en razón de las funciones y atribuciones legalmente establecidas, se debe dar cuenta inmediata de tal hecho al denunciante.
Asimismo, el Principio 19 de la Declaración de Río,proclama la obligación de los Estados de proporcionar la información pertinente y notificar previamente -y en forma oportuna- a los demás Estados que pudieran resultar afectados por actividades con efectos ambientales transfronterizos adversos, y de celebrar consultas con ellos en fecha temprana y de buena fe. En tal sentido, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Eu-10 precisa: "Elmejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda [...] así como la oportunidad de parc-cipar en los procesos de adopción de decisiones". Por su parte el artículo 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derechc a participar en los asuntos...
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