Contrato bancario

Sentencia de tutela T807 de 2004. T-807-04
Derecho al debido proceso de persona condenada por el delito de estafa por una interpretacion asistemÁtica del ordenamiento juridico por parte del fallador. InaplicaciÓn de normas legales de carÁcter comercial pertinentes para determinar responsabilidad penal.   via de hecho. Tutela contra providencias judiciales. Procedencia excepcional. Requisitosformales. Naturaleza juridica del contrato de cuenta corriente bancaria. Concedida     
Sentencia T-807/04
Ref. Expediente T–895081.
Acción de tutela instaurada por Raúl Martín Saade Mejía contra el Juzgado 2° Penal del Circuito de Valledupar y Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar.
Magistrada ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Bogotá, veintiséis (26) deagosto  de dos mil cuatro (2004).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo adoptado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la acciónde tutela instaurada por Raúl Martín Saade Mejía contra el Juzgado 2° Penal del Circuito de Valledupar y Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos.
1. El apoderado del señor Leandro Amiro Sierra Daza instauró denuncia penal por el delito de estafa contra el accionante, debido a que este último le había girado un cheque posfechado, el cual queno fue pagado por el Bancolombia debido a insuficiencia de fondos y firma no registrada del titular de la cuenta. La Fiscalía 24 Delegada ante los Juzgados Penal Municipales de Valledupar, el 30 de junio de  1999  resolvió  abstenerse  de iniciar instrucción contra el señor Raúl Martín Saade Mejía, por el presunto delito de emisión y transferencia ilegal de cheques, decisión que fue apelada por eldenunciante, insistiendo que se trataba de un delito de estafa.
2. El Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior revocó la decisión, ordenando la apertura formal de la investigación por el delito de estafa. 
3. El día 22 de septiembre de 1999, la Fiscalía 24 Delegada ante los Jueces Penales Municipales, practicó en las instalaciones del Bancolombia una inspección judicial con perito, conel propósito de establecer si realmente, de conformidad con los documentos que reposaban en la entidad bancaria, el accionante se encontraba  o no autorizado para girar el cheque con el cual pagó una acreencia al denunciante.
4. Mediante providencia del 14 de agosto de 2000, la fiscal competente le resolvió situación jurídica al accionante, absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento ydecretando la preclusión de la investigación a su favor, decisión que fue apelada por la parte civil.
5. La Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior, mediante providencia del 21 de febrero de 2001, decidió confirmar la decisión de no imponer medida de aseguramiento, revocando sin embargo la segunda decisión del a quo, es decir, dispuso continuar con la investigación.
6. La Fiscalía 18Delegada ante los Juzgados Penales Municipales, por medio de providencia del 1 de junio de 2001, decidió precluir la investigación a favor del accionante, decisión que fue apelada por la parte civil.
7. La Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar, mediante providencia del 9 de diciembre de 2001, decidió revocar la decisión del a quo, y en su lugar, dictó resolución deacusación contra el accionante por el delito de estafa. De igual manera, ordenó compulsar copias para que se investigara penalmente a la Subgerente de la Oficina Principal del Bancolombia y a un investigador del C.T.I., quien había intervenido en el proceso.
8. El día 11 de septiembre de 2002, el Juzgado 2° Penal Municipal de Valledupar absolvió al acusado, fallo que fue apelado por la parte civil....