Convenios vs contratos de adhesión

CONVENIOS DE PLANEAMIENTO ADHESIÓN” EN ANDALUCÍA.

VERSUS

“CONTRATOS

POR

Existe una práctica bifronte, que desde estos momentos censuramos, que, por desgracia, está experimentando un auge peliagudo entre las Corporaciones locales, pues por una parte se nos plantea la adhesión a “convenios” o pseudos contratos por adhesión ya redactados desde la Administración sin posible negociación(mermando la autonomía de la voluntad), y por otra la imposición de elevadas tasas a abonar para la tramitación de las propuestas de los mismos. Ya desde los albores del derecho urbanístico español, se estuvo utilizando la figura del convenio urbanístico para atisbar la necesaria colaboración de la iniciativa privada a fin de materializar lo que desde los planes se diseñaba y perfilaba como anheladocrecimiento de la ciudad, para que no quedase en simple bonito dibujo. Así, la celebración de convenios entre las Administraciones públicas y los particulares, ha sido una actividad consuetudinaria en la esfera urbanística, si bien hasta tiempos ciertamente próximos (con la entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, yde la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), se carecía de normativa que facilitase una respuesta a los numerosos problemas que planteaba su aplicación, habiendo emergido un cuerpo doctrinal de cierta consideración del Tribunal Supremo que iba supliendo ese vacío legal. Si bien esos tiempos quedaron en un período pretérito, los traemos a colación puesto que aún gozando hoy deregulación autonómica, ésta deviene algo lacónica (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA-), ya que al amparo de la misma se están llevando a cabo prácticas que, concebimos, van contra su espíritu, si bien “apadrinadas” principalmente por el artículo 113 de la LOUA. Conjeturemos que usted siendo propietario de una finca, recibe una comunicación del correspondiente Ayuntamiento para que se personeen sus oficinas. Ante tal citación, resuelve acudir, y una vez allí, le exhiben un documento, le brindan afablemente que se lleve una copia del mismo (rotulado como “convenio urbanístico”), y le comentan, «... no se preocupe que todo el mundo lo está firmando». Usted, inseguro de esa elocuencia,

acude a alguien avezado en urbanismo, y, para desconcierto suyo, repara que la normativa legalimpone una cosa, y que la entidad local convocante de aquel encuentro le sugiere que le “regale”, por así decir, mucho más de lo que impone la legislación vigente, al socaire del precitado artículo 113 (denominado por algún sector como artículo de «cajón de sastre»). Así, si la norma impone que usted debe ceder el 10% del aprovechamiento ya urbanizado, no se preocupe que le requerirán más, de unaforma u otra, más o menos encubierta, pero se lo acrecentarán. Asimismo, dado que se están innovando los instrumentos de planeamiento (por mandato de la Disposición Transitoria Segunda de la LOUA), no le concretarán los posibles sistemas generales que le van a adscribir (para advertir cuánto probable exceso de aprovechamiento pudiera aflorar). En suma, usted no sabe de cuántas plusvalías va a gozar,y por el contrario ya le impondrán unos cuantiosos costes de urbanización. Luego, ante las palabras del urbanista, usted mismo, algo irritado, acude cándidamente a las dependencias municipales y exhorta que por qué se le va a requerir todo lo que se plasma en ese “convenio”, a lo que encontrará una réplica parecida a la siguiente: «esto es lo que hay, ..., o lo firma y sus terrenos se clasifican,o lo deja y no se clasifican,...». Es entonces, cuando emerge ese innato diplomático que llevamos dentro y sugiere eso de, ... «bueno, no es para ponerse así, ..., pero algo de estos papeles se podrá alterar, ¿no?». Y precisamente esa última exclamación no será una interrogante, sino la respuesta: «¡NO!. Esto es lo que hay, o lo toma o lo deja» (sin posibilidad de disenso del contenido...