Correa

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  • Publicado : 26 de mayo de 2011
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la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”, como seobserva, no solo que para hacer efectivo el derecho de defensa, en las disposiciones antes citadas se determina la necesidad de tener abogado, sino que para hacer efectivos los derechos de proteccióno garantías judiciales se necesita de abogado. No solo que sin la asistencia de un profesional del Derecho esas garantías son un imposible, sino que, con la asistencia de una persona no idónea, esosderechos y garantías se tornan en un engaño. De eso hay que proteger a las personas y a la sociedad. Eso es, precisamente, lo que las normas impugnadas y contenidas en la Ley Orgánica de la FunciónJudicial, en la Ley Notarial y el Código de Procedimiento Civil, tutelan. Estos derechos de protección o garantías judiciales se consagran también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, elPacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre tantos otros instrumentos internacionales en la materia que son parte del ordenamientojurídico ecuatoriano y del bloque de constitucionalidad. El fallo contenido en la Resolución No. 038-2007-TC, se dicta de manera general para todas las clases y formas de afiliación obligatoria, por ello,no se hace mención respecto de la situación de los abogados y de la profesión del Derecho; ninguna mención se hace respecto el carácter social y público que tiene el ejercicio de la profesión deabogado, de la misión básica del abogado en la defensa de su cliente, de la mala práctica profesional, de la revisión de la conducta de los abogados, de la desprotección en que caería la sociedad,consecuentemente, mal se haría en tomar como precedente la resolución 038-2007-TC, para decidir sobre esta causa; sobre estos asuntos que atingen exclusivamente al ejercicio de la profesión de abogado se...
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