Dcho. administrativo.

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Caso Práctico – Seminario 1
1. Exposición de hechos.

Con fecha 1 de junio de 2010, un grupo de ciudadanos marroquíes comunican al delegado de gobierno de Madrid su intención de convocar una manifestación para el día 6 de junio de 2010, de 9 a 13 horas en la plaza de la basílica en apoyo a la RASD.

El delegado de gobierno, con fecha 4 de junio, les comunica la negativa a esta celebración,alegando que la celebración de dicha manifestación perturba los actos litúrgicos de la basílica y que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, dado que anteriores manifestaciones promovidas por los mismos convocantes dieron lugar a serios altercados.

Ante esto, los promotores de la manifestación interpusieron un recurso contencioso-administrativoespecial, para la protección de derechos fundamentales, alegando la flagrante vulneración de los derechos y libertades de reunión y manifestación que, como extranjeros, gozan con plenitud en territorio español en aras a los artículos 13 y 21 de la CE.

El abogado del estado, alega en su defensa que en este supuesto no se puede hacer uso de la vía procesal para la protección de los derechosfundamentales, dado que los extranjeros no tienen reconocidos los derechos políticos en España. Y en todo caso, la resolución del delegado de gobierno estaba suficientemente justificada.


2. Cuestiones formales

Tenemos que diferenciar 2 etapas en este caso.
En primer lugar el comunicado a la delegación de gobierno de Madrid que se hace con un plazo de 5 días (el 01 de julio, para la celebración de lamanifestación el día 6), contraviniendo la ley 9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho reunión, que establece en su articulo octavo que la comunicación debe presentarse con un mínimo de 10 días y 30 máximo de antelación.
Sería este un motivo por el que el fallo debería ser a favor de la delegación de gobierno de Madrid. Sin embargo, no es este el argumento citado para la prohibición de lamanifestación, es más se comete por parte de la delegación una nueva vulneración de la misma ley en su articulo décimo que expone que la resolución deberá adoptarse en forma motivada y deberá notificarse en el plazo máximo de 48 horas desde la comunicación, de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley de Procedimiento administrativo, resolución que tomaron con un plazo superior aldictaminado por la ley en cuestión (4 días).

En segundo lugar hemos de identificar que el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto en arreglo al articulo once de la ley 9/1983, sin embargo vulnera la misma en la cuestión referente al plazo ya que según esta, el plazo máximo para ejercer esta acción es de 48 horas una vez conocida la resolución de la autoridad competente para ello. Así comotambién lo dictaminado por el articulo 122 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Es importante hablar también de la legitimación de los organismos intervinientes en el caso. Identificando primero a los promotores como actores tanto de la comunicación para la celebración de la manifestación legitimados según la ley 9/1983 y como recurrentes delacto contencioso-administrativo, para el cual también están legitimados por la misma ley y por la ley 29/1998.
En segundo lugar tenemos al delegado de gobierno en cuanto su participación como artífice de la prohibición de la manifestación; para lo cual esta legitimado como autoridad competente.
Por ultimo el tribunal competente, que será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estalegitimado para conocer del tema según la ley antes estudiada.

3. Cuestiones materiales

El objeto de las alegaciones de ambas partes nos tomará lo justificado consiguientemente.
Empezando por la protección de los derechos y libertades de reunión y manifestación de los extranjeros en territorio español, debemos tomar como punto de referencia los artículos 13.1 y 21 de la CE, ya que en ellos...
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