Decretazo

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STC 68/2007 (EL DECRETAZO) HISTORIA: 1. Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo (reforma del sistema de protección por desempleo). Como medidas más polémicas: supresión de los salarios de tramitación; restricción de las posibilidades de rechazar una oferta de empleo; supresión del PER. 2. El texto suscita la oposición inmediata de los sindicatos, desde que les fue presentado como documento detrabajo antes de su “promulgación”. Los sindicatos amenazan con un paro general (el 20 de junio) si se aprueba el “decretazo”. Este se aprueba el 24 de mayo y los sindicatos cumplen con su amenaza. 3. Tras la huelga general, el Presidente del Gobierno pide reanudar el diálogo social y, entretanto, nombra nuevo ministro de trabajo. 4. El 31 de julio de 2002 el Gobierno andaluz recurre el decreto-leyante el Tribunal Constitucional. Lo propio hace un grupo de diputados socialistas, de IU y del grupo mixto el 26 de agosto. 5. Al final, los puntos calientes del decretazo fueron suprimidos en la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (de conversión en Ley del decretazo): por ejemplo, reintroduce los salarios de tramitación. LA STC 68/2007 Preliminar: - Dos recursos de inconstitucionalidad (Gobiernoandaluz y un grupo de diputados –socialistas, IU y grupo mixto) contra el Real Decreto-Ley 5/2002, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Se impugna todo el decreto-ley, por no concurrir circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad y, además, determinados preceptos del mismo. - Asunto colateral. doctrina sobre la legitimación delas Comunidades autónomas en el recurso de inconstitucionalidad (fj 2) - Asunto importante: pérdida sobrevenida de objeto de los recursos, por derogación del Real Decreto-Ley, tras su conversión en Ley (Ley 45/2002) (fj 4). Doctrina general: • No cabe una respuesta unívoca: no es lo mismo una cuestión que un recurso. • Tratándose de un recurso, la regla general es la pérdida sobrevenida de objetopor derogación de la ley. Aplicación concreta: • Pérdida de objeto de la impugnación de artículos concretos, que han sido derogados (y modificado su contenido sustancialmente) • Mantenimiento de la impugnación por falta de presupuesto de hecho habilitante. Cosa distinta: aquí se

vela por el cumplimiento de los límites del artículo 86, no por la compatibilidad del contenido del decreto-ley con laConstitución. La conversión en ley no puede sanar esos vicios, porque de lo contrario los límites del artículo 86 sólo serían operativos entre la publicación del decreto-ley y su conversión en ley, en un tiempo en el que el TC nunca podría materialmente pronunciarse. Asunto estrella: ¿hay una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la emanación del decreto-ley? - Lo quealegan los recurrentes (fj 5): inexistencia del presupuesto de hecho habilitante: • • • Por carecer la norma impugnada de una definición explícita y razonada de la situación de extraordinaria y urgente necesidad. Por inidoneidad constitucional formal de la norma para afrontar la situación de extraordinaria y urgente necesidad: no concurre esa situación. Por inidoneidad constitucional material: noexiste conexión de sentido entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad definida por el Gobierno y las medidas adoptadas.

- Doctrina general sobre el presupuesto de hecho habilitante: ffj 6, y 12 (para rematar): • Se reconoce que el órgano político (el Gobierno) tiene un amplio margen de discrecionalidad (política) para apreciar la concurrencia de una circunstancia deextraordinaria y urgente necesidad. No obstante, la cláusula del 86.1 CE no es una cláusula vacía de contenido (un cheque en blanco al Gobierno): libertad del Gobierno, pero con límites, que corresponde verificar al Tribunal Constitucional (verificar, no sustituir el juicio político del Gobierno). El TC debe controlar el uso abusivo o arbitrario de la definición de una situación como de extraordinaria y...
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