DEMANDA CONTENCIOSA

DEMANA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
La Demanda Contencioso Administrativa constituye un mecanismo ordinario que se encuentra previsto por el ordenamiento constitucional peruano para poder lograr el control jurisdiccional de la actuación de los entes administrativos.
Así, dentro de la Constitución Política, específicamente en su artículo 148º se establece que las resoluciones administrativas quecausan estado (1) son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. Se refleja así el control judicial de las actuaciones de la propia Administración Pública.
La acción contencioso tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos eintereses de los administrados.

Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.


Es por ello que la Demanda Contencioso Administrativa constituye un proceso judicial (es decir de tipo jurisdiccional y no de naturaleza administrativa) que se tramita ante el Poder Judicial y en virtud del cual se pretendecuestionar una omisión o un tipo de exceso en el que haya incurrido la Administración Pública. Es por esta razón que la presente acción constituye un mecanismo de control jurídico de los actos emitidos por la Administración realizado por el Poder Judicial y solo procede una vez que se han finalizado las instancias o etapas de revisión administrativa y que, dentro del ámbito tributario en particular,procede básicamente contra las Resoluciones que hayan sido emitidas por el Tribunal Fiscal (2).
Conforme lo establece el artículo 1º de la Ley Nº 27584 (publicada el 07.12.2001), Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148º de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de lasactuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11º de la Ley en mención, tiene legitimidad para obrar activa (3) quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial (4) protegida que haya sido o esté siendo vulneradapor la actuación administrativa impugnable materia del proceso. En este caso nos estamos refiriendo al propio contribuyente que
se ve perjudicado con la emisión de una Resolución por parte del Tribunal Fiscal que le es contraria a su pretensión y que desea revisar el pronunciamiento iniciado por su parte, una vez agotada la vía administrativa, en el Poder Judicial.
Al respecto, DROMI señala que“El particular afectado por un acto admi- nistrativo recurre –contra él– adminis- trativamente y, agotada esa vía, puede acceder a la judicial, interponiendo una acción. Quien titulariza una si- tuación jurídica administrativa puede defenderla en un juicio. Se viabiliza así el derecho del administrado de acudir al órgano jurisdiccional por medio de la acción procesal administrativa que tutelasituaciones jurídicas subjetivas.
Continúa el citado tratadista precisando que, (…) de la sede administrativa a la sede judicial no hay recursos, sino acciones pues no se trata de una sim- ple revisión de lo actuado, sino de la jurisdicción plena del Tribunal para repasar en todo su alcance y plenitud el acto administrativo cuestionado o impugnado.” (5)
En consideración a lo esbozado, obser-vamos pues que el administrado tendrá la garantía de recurrir al ámbito judicial, una vez que haya agotado la vía administrativa (representada por la SUNAT y el Tribunal Fiscal) y ejercer, por consiguiente, su de- recho a la defensa y tutela jurisdiccional, lo cual es plena garantía de todo Estado de Derecho.
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 11º de la Ley Nº 27584, Ley que re- gula el...