Derecho constitucional

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Sentencia de tutela T1168 de 2003
El derecho a la salud del interno

En esta sentencia la corte constitucional de manera muy clara argumenta que la salud en sí misma no es considerada por la Carta Política como un derecho fundamental. No obstante, la corte también ha sostenido en jurisprudencia reiterada que a pesar de su contenido prestacional adquiere el carácter de fundamental, y enconsecuencia es objeto de protección por vía de tutela, cuando por su intermedio se afectan principios y derechos inherentes al ser humano como la dignidad humana, la vida, la integridad personal o la igualdad. Por lo mismo, “…la atención idónea y oportuna, los tratamientos médicos, las cirugías, la entrega de medicamentos, etc., pueden ser objeto de protección por vía de tutela, en situaciones en quela salud adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el carácter de derecho fundamental…”.
En este punto es necesario que precisemos que la salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, mental y sicosomático,etc, de la persona. Así, cuando se acude a la acción de tutela con elánimo de lograr la recuperación del equilibrio emocional, psicológico y mental, se hace con el fin de obtener la protección de los derechos a la salud, a la integridad personal y a una vida en condiciones dignas, cuyo restablecimiento le es encomendado al juez de tutela por el artículo 86 de la Carta Política.
El artículo 12 de la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridadpersonal y, al hacerlo, no solamente ampara la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio psicológico, puesto que los atentados contra uno u otro de tales factores - por acción o por omisión- vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad. Así las cosas, de acuerdo con laConstitución Política (artículos 11, 12 y 49), el Estado tiene la obligación de garantizar la salud y la vida digna de todos sus habitantes, más aún cuando estos se encuentran privados de la libertad. Al respecto, se reitera, ha sostenido la Corte Constitucional que aunque ciertos derechos de las personas condenadas o detenidas preventivamente pueden ser objeto de limitación de acuerdo con suscircunstancias, no puede ser desconocido el núcleo esencial de los derechos fundamentales el cual permanece inalterable. En estos eventos corresponde al Estado, a través de los centros penitenciarios velar por la salud y la vida de los internos. 
En abundante jurisprudencia la corte recalca que es el Estado el llamado a asumir la responsabilidad sobre el derecho a la salud de las personas recluidasen los centros penitenciarios y carcelarios, pues es su obligación garantizar la preservación de una vida digna mientras transcurre su detención o condena. Así entonces, debe entenderse que las personas privadas de la libertad en ejercicio de su derecho deben contar con la posibilidad de acceder a los servicios médicos que llegaren a necesitar en tanto dependen única y exclusivamente de losservicios que el sistema carcelario les ofrece. La Corte ha señalado al respecto lo siguiente:
“…Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso resultarían gravemente violados por lanegligencia estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud…
…Independientemente de si la persona privada de la libertad lo ha sido por detención preventiva o como consecuencia de la imposición de una pena, tiene como derechos inalienables los de la vida, la salud y la integridad física, por los cuales...
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