Derecho penal

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Consideraciones generales.

Cada Estado es soberano para decidir el ámbito del ejercicio del ius puniendi, lo que no obsta para que dicho ejercicio esté sujeto a determinados límites [4]. El poder punitivo de cada Estado significa legitimación punitiva propia, en el sentido de que el Estado tiene la facultad, frente al delincuente y frente a los demás Estados, de ejercer la coacción jurídicamediante el Derecho penal en relación con una acción determinada. La existencia del poder punitivo del Estado constituye un presupuesto material necesario de la sentencia penal, puesto que sólo cabe ejercitar la coacción penal cuando la correspondiente acción se halla sometida al poder punitivo propio [5].

Este poder punitivo del Estado, ya desde la implantación del Estado liberal, sedesarrolla fundamentalmente dentro de sus límites [6]. Así se desprende del art. 8 C.c. o de los artículos 21 y 23 LOPJ de 1 de julio de 1985, que señalan que las leyes penales, las procesales criminales, e incluso las determinantes de la jurisdicción son eminentemente territoriales [7]. Por ello, puede afirmarse que la extensión del poder punitivo y de la jurisdicción en el orden penal soncoincidentes, ya que en principio todo Estado se esforzará en que sean sus órganos jurisdiccionales quienes apliquen su poder punitivo dentro del territorio al que se extiende la soberanía estatal [8].

La cuestión del ámbito espacial de aplicación de la ley penal es, pues, una cuestión que los Estados deciden autónomamente [9], conforme a lo que se ha denominado el «principio de la competencia de losEstados sobre su competencia» [10]. Ahora bien, la territorialidad proclamada encuentra importantes excepciones, unas de derecho público interno, otras generadas en la naturaleza del acto y, finalmente, el resto fundadas en normas de derecho público externo o internacional. En este sentido, las normas jurídico penales no poseen un valor absoluto de eternidad o de vigencia ultraterrenal, sino quepor el contrario, en el ejercicio del ius puniendi un Estado constitucionalmente definido como «democrático y de Derecho», está sometido a condicionamientos políticos y límites jurídicos que contribuyen esencialmente a decantar la realidad normativa de significación típica [11]. Es decir, en la determinación del ámbito de aplicación del poder punitivo estatal deben respetarse ciertas reglas,evitando la atribución de un poder arbitrario o exorbitante, de modo que ningún Estado debería atribuirse un poder punitivo sin tener en cuenta si el supuesto fáctico guarda relación con sus propios intereses legítimos en cuanto a la administración de la justicia. En este sentido, la prohibición del abuso del Derecho, reconocida con carácter general en el ámbito interno e internacional, representa laúltima frontera de esta competencia sobre la competencia [12].

Dentro del ámbito de los límites del poder punitivo nacional al que nos estamos refiriendo, se plantea asimismo la cuestión de si también existe una soberanía de la jurisdicción penal nacional [13] respecto a ciertas categorías de extranjeros o frente a nacionales en relación con determinados tipos delictivos que tienen un elementointernacional, es decir, ¿qué sucede cuando en la controversia sometida a decisión del órgano jurisdiccional español se introduce algún elemento extranjero? En el Título I, del Libro I de la LOPJ se recoge, bajo la denominación de «extensión y límites de la jurisdicción» [14] la regulación de las normas que determinan en todos los órdenes jurisdiccionales la atribución de asuntos con elementosextranjeros a los Juzgados y Tribunales españoles; son las reglas de la llamada «competencia judicial internacional» [15] o conjunto de atribuciones que delimitan el volumen de asuntos con elementos extranjeros cuyo conocimiento se reserva a la jurisdicción estatal [16]. A ella nos referiremos en los párrafos siguientes.

2. Extensión y límites de la jurisdicción en el orden penal.

Si la...
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