derecho

DERECHO PENAL DEL
TRABAJO: UNA REFLEXIÓN
GENERAL A PARTIR
DE LA EXPERIENCIA
NORMATIVA ESPAÑOLA
Antonio BAYLOS*
Juan TERRADILLOS**

Resumen. El artículo expone, a partir de la experiencia normativa europea y específicamente
del ordenamiento jurídico español, el ámbito de
la tutela penal de los derechos fundamentales
de los trabajadores y confronta esta tipificación
penal con losprincipios básicos del derecho penal democrático, el principio de lesividad y de la
trascendencia de los ataques contra los bienes
jurídicos lesionados y el principio de ultima ratio,
razonando sobre la eficacia preventiva del derecho penal laboral como razón de ser del mismo
en un Estado social de derecho. Se analizan, asimismo, algunos factores que pueden desdibujar
y anular la función degarantía de la norma penal en esta materia.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

L

a emergencia en los ordenamientos democráticos avanzados de una especialidad del derecho penal dedicada a la tutela penal de los derechos
de los trabajadores ha de analizarse en el contexto de los principios que informan el derecho penal de las modernas sociedades democráticas. Por tanto, el
diseño de estrategiaspolítico-criminales que se pretenden acordes con el modelo de Estado democrático, debe estar particularmente atento al umbral que
define las vías por las que han de discurrir los sucesivos procesos de criminalización-descriminalización.1 De esta manera, con un riguroso respeto al prin* Catedrático de derecho del trabajo en la Universidad Castilla-La Mancha (Antonio.Baylos@uclm.es).
** Catedrático dederecho penal en la Universidad de Cádiz (juan.terradillos@uca.es).
1 Terradillos Basoco, J. M., “La Constitución penal. Los derechos de la libertad”, en Capella, J. R., (ed.), Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003.

Revista Latinoamericana de Derecho Social
Núm. 7, julio-diciembre de 2008, pp. 3-26

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BAYLOS / TERRADILLOS

cipio de intervención mínima —ysus corolarios inmediatos: principios de ultima ratio y lesividad— plantearse, en cada caso, la necesidad, merecimiento y
oportunidad de intervención penal.
Proceder así no supone sino recuperar las grandes propuestas del pensamiento penal ilustrado: sólo está justificado el recurso al derecho penal en la
medida en que venga exigido por la tutela de bienes jurídicos esenciales.
La consecuenciaes un sistema penal de mínimos: frente a expansionismo,
intervención fragmentaria; frente a punitivismo, intervención necesaria; frente a despliegue simbólico, prevención; frente a “huida al derecho penal”, políticas sociales de amplio espectro. En definitiva, derecho penal democrático.
En ese contexto, cada propuesta criminalizadora carga con la obligación
de probar su necesidad e idoneidad.Desde esta perspectiva “neutra”, desconectada de una realidad social cada día más compleja y muy alejada de los
presupuestos clásicos de la criminalización penal, no resulta sorprendente
que suscite recelo la reivindicación de un “derecho penal del trabajo”, que se
presenta como una opción político-criminal expansiva y, por lo mismo, no
legitimada. Ciertamente que este tipo de argumentación lasuelen hacer las
mismas opiniones que defienden con ardor la consolidación del pensamiento
penal de la emergencia, en cuya virtud se ha desmantelado el modelo garantista sobre el que, al menos teóricamente, se construyeron nuestros sistemas
jurídico-penales y que no ha merecido la censura de los sectores, académicos
o políticos, que a la vez alzan sus voces contra la presencia del derecho penalen el ámbito laboral.2
El “derecho penal del trabajo”3 no propone ni una expansión del ius puniendi ni una reformulación de los principios de imputación penal ni una nue2 El “derecho penal del enemigo” —que sintetiza el desarme de las garantías del ciudadano, al que incluso se niega su condición de tal, conforme al “modelo Guantánamo” (Muñoz
Conde, F., De nuevo sobre el derecho penal del...