Derechos de los querellantes

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ACERCA DE LOS DERECHOS DE LOS QUERELLANTES: EL ROL DE LOS JUECES DE GARANTÍA*

José Miguel Barahona Avendaño Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile Profesor de Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Para quienes intervienen en la Reforma Procesal Penal, enorme es la diferencia entre proceder como defensor y actuar como querellante. En el primer papel,las herramientas del nuevo Código para una estrategia eficiente son muchas y su éxito depende, en gran medida, de las destrezas del profesional. Distinto ocurre con el querellante quien generalmente es visto por los operadores habituales (fiscales y defensores) como ajeno a los fines del órgano persecutor -manifestados a través de sus políticas criminales y de selección de casos-; y de la propiaReforma, que pareciera apuntar más a la eficiencia del sistema –expresada en número de causas terminadas-, que a la satisfacción de las víctimas. Así, éste aparece inerme al monopolio del Ministerio Público en la aplicación de soluciones que no signifiquen juicio, como una insatisfactoria suspensión condicional del procedimiento, o la comunicación de una frustrante decisión de no perseverar en elmismo, por no haberse reunido antecedentes suficientes para fundar acusación. La sensación de precariedad del querellante es tal, que su primera prioridad, y mientras el asunto no derive en una acusación –pues ni una investigación formalizada es garantía de éxito-; simplemente es que no se le termine la causa por las mencionadas vías. Un ejemplo: delitos económicos sin connotación pública, en queel querellante se enfrenta a un Ministerio Público reacio a formalizar y escudado en sus facultades privativas, no obstante haberse producido antecedentes como para meridianamente justificar esa actuación; implorándole que lo haga a fin de legitimar cautelares reales en contra del
Artículo Publicado en la Revista del Abogado N° 45 / año 13 / abril 2009. Publicación del Colegio de Abogados deChile.
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imputado –a esa altura quizás inoportunas, por haberse alzado con sus bienes-; o bien, para quedar habilitado a pedir al juez de garantía, ante un fiscal que opta por desechar el asunto (a veces por inexplicables razones), que se le autorice a forzar la acusación tras la comunicación de no perseverar en el procedimiento, y que requiere, a lo menos, que haya habido formalización. Lainsatisfacción ha sido fértil para levantar las críticas, particularmente a través de acciones constitucionales de inaplicabilidad. Es el caso, por ejemplo, del recurso que paralizó un proceso en que el querellante no estuvo de acuerdo con la calificación jurídica de los hechos, efectuada por el Ministerio Público, con el objeto de llevar un asunto a un marco punitivo mínimo como para legitimar unrequerimiento en juicio simplificado –caso conocido como “la secta de Pirque”-; y en que se estaría vulnerando el artículo 19 Nº 3 de la Constitución. Mayor revuelo generó otro requerimiento (Rol Nº 815-2007) que motivó una extensa sentencia del Tribunal Constitucional, sobre el artículo 230 del NCPP, acerca de la oportunidad de la formalización y las facultades privativas del Ministerio Público paraello. Incluso presenciamos un interesante contrapunto, a través de los medios, entre el redactor del voto de mayoría y varios de los impulsores de la Reforma, sobre el derecho a la acción constitucionalmente protegido (y entendido en un sentido amplio, “acción penal” inclusive); y las facultades reconocidas al Ministerio Público de ejercer la persecución penal en forma exclusiva y excluyente.Parece ser que toda iniciativa que fortalezca los derechos del querellante por sobre su estatuto actual, y que controvierta los monopolios del Ministerio Público, encontrará la decidida oposición –sin duda que doctrinariamente justificada-, de los acérrimos defensores del sistema y reconocimiento exclusivo del querellante conjunto adhesivo, esto es, el que va a la saga de lo obrado por el Ministerio...
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