Derechos Humanos

En 2011 se hizo pública la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se ordena a Uruguay eliminar los obstáculos que bloquean las investigaciones y los enjuiciamientos por violaciones de derechos humanos cometidos durante los años de gobierno cívico-militar y, se declaró a Uruguay como responsable de la desaparición forzada, en 1976, de María Claudia García Iruretagoyenade Gelman, y del secuestro de su hija, María Macarena Gelman García.
En octubre se aprobó la ley que, en la práctica, anula los efectos de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado de 1986 y revocaba las normas sobre prescripción que habrían impedido que las víctimas presentaran querellas.
En junio, el ex-presidente Mujica dictó un decreto que revocaba las decisiones de presidentesanteriores sobre que casos de presuntas violaciones de DDHH se podían investigar. Este decreto abrió la posibilidad de que se reabrieran alrededor de 80 casos. En octubre se formularon denuncias en nombre de más de 150 sobrevivientes de la tortura.
Desde que finalizó la elaboración de este informe se suscitaron una serie de acontecimientos que hay que destacar:
En diciembre de 2011 sereconocieron los restos del maestro Julio Castro –quien fuera caso de Amnistía Internacional-, mientras que en marzo de 2012 el Estado dio cumplimiento a la sentencia de la Corte interamericana reconociendo su responsabilidad en la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman. En ese mismo mes aparecieron los restos, que más tarde serían reconocidos como los de Sr. Ricardo Blanco.
Acceso a laJusticia: Haití
En septiembre de 2011 cinco marinos uruguayos destacados en la misión de Naciones Unidas en Haití (MINSUTAH) fueron acusados de abuso sexual contra un joven haitiano tras la divulgación, en Internet, de unas imágenes de video del presunto incidente.
El Estado Uruguayo tuvo una reacción positiva hacia la prevalencia de la verdad y la justicia para con el joven haitiano, quien vino aMontevideo a declarar en mayo sobre el caso y contó con las garantías del debido proceso.
Amnistía Internacional monitoreará que el Estado continúe en esta línea y garantice a todas las partes una investigación imparcial, un juicio justo y, en caso de demostrarse la responsabilidad de los acusados, una pena acorde y el resarcimiento para la presunta víctima.
Instalación de la INDH y Defensoría delPueblo
Si bien en el informe se hace referencia a la falta de implementación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, hoy destacamos el reciente nombramiento de sus directores y directoras como parte del proceso de implementación de este mecanismo que seguiremos monitoreando.
Amnistía Internacional insta a que esta institución, que tiene también la función de implementar elMecanismo Nacional de Prevención de la Tortura -previsto en el protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura- preste especial atención a la situación actual del sistema carcelario uruguayo.

Condiciones de reclusión
En 2012, Amnistía Internacional observó, una vez más, con preocupación la situación del sistema carcelario uruguayo. No solo por la demora en la implementación de lasrecomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas, que visitó el país en 2009, sino también por la actual situación de precariedad de las personas recluidas en el centro penitenciario de Santiago Vázquez, condiciones que no son más que un agravamiento de los defectos del sistema penitenciario como el hacinamiento, las infraestructuras inadecuadas y el uso generalizado de la prisiónpreventiva, como lo señaló la Comisión Interamericana de DDHH en julio del 2011.
Por otro parte, Amnistía Internacional Uruguay, volvió a llamar la atención sobre las discusiones que el Estado y el sistema político están dando para abordar la problemática de la “delincuencia”, especialmente la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. Amnistía Internacional recuerda que el Estado es signatario...