El debido proceso

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Competencia y debido proceso
Tiene la jueza Antonia Saquicuray una brillante carrera judicial que la hace acreedora del respeto de la comunidad jurídica. No obstante, sus resoluciones en materia deasuntos sometidos a su magistratura no son infalibles y están sujetas a la crítica ciudadana que la Constitución autoriza.
Estimo que la decisión de la jueza Saquicuray al no inhibirse del caso delsuboficial FAP Víctor Ariza e impedir con ello la competencia de la justicia militar es equivocada. Ariza está denunciado por delitos que configuran traición a la patria, en tiempos de paz. Se lo acusade haber actuado en su condición de militar especializado en asuntos de inteligencia, con acceso a información de carácter reservado. La condición de militar y la función especializada que utilizó enprovecho económico propio y beneficio de quien pagó sus servicios connotan el ilícito cometido como un delito de función.
¿Quién juzga los delitos de función cometidos por miembros de las FuerzasArmadas y de la Policía Nacional? El artículo 173 de la Constitución resuelve esta pregunta en términos que no dejan lugar a duda: “El fuero respectivo”, es decir, la justicia militar o la policial. Esla ley la que predetermina que para el delito de función el juez natural es la justicia militar. A partir de esta competencia opera el debido proceso.
Este derecho, que es al mismo tiempo unagarantía, no debe obviarse ni desfigurarse. Incurrir en ello atentaría contra la legitimidad del procedimiento y significaría un desconocimiento de lo dispuesto por la Constitución y los tratadosinternacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte.
De todo lo conocido en el Caso Ariza, fluye que se trata de un delito de función en el que el agente usó indebidamente su condición de militarespecializado en inteligencia, para acceder a documentación clasificada de la defensa del país, venderla a terceros de nacionalidad chilena y obtener provecho económico de ello.
No es esta la...
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