El espectador

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EL GOBIERNO INSISTE

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), reafirmó esta semana su preocupación por la inclusión del fuero militar en el proyecto de reforma a la justicia.
Un artículo incluido a última hora que, pese al rechazo que genera, sigue vigente en su trámite en el Congreso. “No entendemos el afán del actual gobierno por producir un retroceso quees perfectamente evitable en una materia que es central para la vigencia de los derechos humanos en Colombia”, dijo Vivanco en una rueda de prensa dada en Washington después de presentar su informe mundial.
El Gobierno colombiano ha respondido a través de varios frentes. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que la organización internacional desconoce el articulado y que deberíaleerlo a profundidad y con más cuidado. E invitó a la ONG para que siente sus posiciones en una comisión independiente. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, hizo lo propio negando de plano la petición de retirar el artículo de la reforma y asegurando que, para no permitir esa predicción de impunidad, se ha conformado una comisión de expertos compuesta por abogados, militares, civiles yoficiales de policía en retiro, que evaluarán con lupa los efectos de la reforma.
Es natural que el tema del fuero militar cause tanta controversia. Resumiendo, el artículo que fue introducido por el Gobierno se compone de dos partes: la primera dice que los delitos que sean cometidos en relación con el servicio por parte de miembros de la Fuerza Pública, serán atendidos por la Justicia Penal Militar.La segunda que, en todo caso, se presume esta relación. Es decir, que cualquier delito que sea cometido por un efectivo de la Policía o del Ejército irá primero a los tribunales militares. Un soldado en descanso que mate a alguien en una riña personal, por ejemplo, iría primero a un juicio castrense. La presunción, claro, puede ser desvirtuada por medio de una prueba. Pero, en todo caso, estacontroversia sería llevada a cabo en un juzgado militar.
Aunque suenen sencillas por el ejemplo dado, las implicaciones de esta reforma son muy complejas. Prácticamente todos los casos de, por ejemplo, los mal llamados ‘falsos positivos’ irían a parar a un juzgado militar y no a la justicia ordinaria. Desde un punto de vista netamente jurídico, se configuraría una violación flagrante de las normas dederechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con las que Colombia está comprometida ante toda la comunidad de naciones. Hasta el mismo Código Penal Militar así lo dispone: todo delito de lesa humanidad, como tortura o genocidio, queda excluido del fuero. No sólo sería una contradicción de nuestro propio derecho interno, sino una afrenta en contra del derecho internacional, que podríallevar a Colombia a instancias tan superiores como la Corte Penal Internacional.
El fuero militar, esa justicia especial que los militares imparten sobre sí mismos bajo el argumento de que sólo ellos comprenden las acciones de la guerra, está cada día más caduco. En países como Suecia, Austria, Holanda o Alemania, entre otros, ha ido aboliéndose de manera casi definitiva y ha sido reducido acasos de guerras internacionales. Algunos expertos sostienen que el fuero militar debería aplicarse exclusivamente a delitos que se relacionan de manera irrestricta con el servicio, como, por ejemplo, el de deserción. Uno que por sus características sólo los militares entienden.
El artículo de la presunción del fuero militar debe ser analizado con mucho cuidado. No sólo por las recomendaciones deHRW, que son válidas, sino sobre todo por las implicaciones que su aprobación tendría a nivel de Derecho Internacional. Si el Gobierno piensa crear una comisión externa con expertos en derechos humanos, bienvenida sea. Pero ojalá no la conforme como un simple acto simbólico, sino que la oiga y siga sus recomendaciones. No es simple casualidad que la mayoría de expertos en Derecho Internacional y...
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