El recurso de casación penal como segunda instancia
Páginas: 19 (4691 palabras)
Publicado: 9 de junio de 2011
POR
VICENTE JOSÉ MARTÍNEZ PARDO
SECRETARIO JUDICIAL
PROFESOR ASOCIADO DERECHO PROCESAL. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
1. Introducción
El recurso de casación es un recurso devolutivo extraordinario ante el grado supremo de la jerarquia judicial, el Tribunal Supremo. Por su carácter extraordinario procede únicamente si concurren los presupuestos y requisitos especiales determinados por laley.
Los fines primordiales de la casación son dos: 1) La revisión o control de la aplicación de la ley hecha por los Tribunales de instancia, y 2) La unificación de criterios jurisprudenciales. Como afirma GIMENO SENDRA , puede afirmarse que la principal misión del Tribunal Supremo es asegurar la vigencia del principio de igualdad, consagrado en el art. 14 C.E., a través de su doctrina legal,todo ciudadano ha de tener la certeza y la seguridad de que la norma material y procesal será efectivamente aplicada por igual en todas y cada una de las secciones de las Audiencias Provinciales.
A esta doble función del recurso de casación, se ha añadido una tercera, la de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales (art. 5.4 LOPJ)
La doble instancia penal
LaConstitución Española nada dice de forma directa sobre la exigencia de la doble instancia; no existe precepto constitucional que directamente establezca que es necesario que las resoluciones judiciales puedan ser recurridas y que, precisamente ese recurso sea el de apelación, entendido éste como mecanismo para conseguir el doble grado de jurisdicción.
Las referencias constitucionales al sistema deimpugnación en el proceso penal se hallan implícitas en los arts. 118, 123.1 y 152.1 II y III, pero el derecho al recurso no se entiende por la Jurisprudencia que forme parte del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. (STC 61/83 de 11 de julio), ni tampoco puede ser considerado como una de las garantías esenciales del proceso protegidas por el art. 24.2 C.E.
La C.E. obliga ainterpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de acuerdo con los Tratados Internacionales que España ha firmado al efecto. En concreto el Protocolo num. 7 del Convenio Europeo de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales ( CEDHLF) de 22 de noviembre de 1984, y el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977, suscritos por nuestro pais, hacen referencia expresa y concreta al derecho al recurso frente a las decisiones de los Jueces y Tribunales.
El art. 14.5 del Pacto mencionado establece. "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que la resolución de condena y lapena que se haya impuesto sea sometida a un Tribunal superior, conforme a lo que se establece en la ley".
El Tribunal Constitucional ha interpretado el "conforme a lo prescrito en la ley" en el sentido de reconocer libertad al legislador interno no solo para determinar cual es el Tribunal superior, sino también para configurar como se someta a él la sentencia condenatoria. Ello ha permitido que en"nuestro ordenamiento en determinados supuestos sea el recurso de apelación y en otros el recurso de casación, el que abra al condenado en la instancia el acceso a un Tribunal superior "(STC 37/88 de 3 de marzo).
El Tribunal Constitucional está negando cualquier identificación entre el derecho al recurso y principio de doble grado de jurisdicción; si así fuera esta identificación se estaríaexigiendo al legislador la reforma de la normativa procesal al respecto.
El mandato constitucional (art. 10 C.E.) obliga a interpretar el derecho al proceso con todas las garantías debidas, o al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 C.E.), que son dos derechos de significado contenido constitucional, desde la perspectiva de esos tratados internacionales, y más en concreto, desde la...
VICENTE JOSÉ MARTÍNEZ PARDO
SECRETARIO JUDICIAL
PROFESOR ASOCIADO DERECHO PROCESAL. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
1. Introducción
El recurso de casación es un recurso devolutivo extraordinario ante el grado supremo de la jerarquia judicial, el Tribunal Supremo. Por su carácter extraordinario procede únicamente si concurren los presupuestos y requisitos especiales determinados por laley.
Los fines primordiales de la casación son dos: 1) La revisión o control de la aplicación de la ley hecha por los Tribunales de instancia, y 2) La unificación de criterios jurisprudenciales. Como afirma GIMENO SENDRA , puede afirmarse que la principal misión del Tribunal Supremo es asegurar la vigencia del principio de igualdad, consagrado en el art. 14 C.E., a través de su doctrina legal,todo ciudadano ha de tener la certeza y la seguridad de que la norma material y procesal será efectivamente aplicada por igual en todas y cada una de las secciones de las Audiencias Provinciales.
A esta doble función del recurso de casación, se ha añadido una tercera, la de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales (art. 5.4 LOPJ)
La doble instancia penal
LaConstitución Española nada dice de forma directa sobre la exigencia de la doble instancia; no existe precepto constitucional que directamente establezca que es necesario que las resoluciones judiciales puedan ser recurridas y que, precisamente ese recurso sea el de apelación, entendido éste como mecanismo para conseguir el doble grado de jurisdicción.
Las referencias constitucionales al sistema deimpugnación en el proceso penal se hallan implícitas en los arts. 118, 123.1 y 152.1 II y III, pero el derecho al recurso no se entiende por la Jurisprudencia que forme parte del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. (STC 61/83 de 11 de julio), ni tampoco puede ser considerado como una de las garantías esenciales del proceso protegidas por el art. 24.2 C.E.
La C.E. obliga ainterpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de acuerdo con los Tratados Internacionales que España ha firmado al efecto. En concreto el Protocolo num. 7 del Convenio Europeo de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales ( CEDHLF) de 22 de noviembre de 1984, y el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977, suscritos por nuestro pais, hacen referencia expresa y concreta al derecho al recurso frente a las decisiones de los Jueces y Tribunales.
El art. 14.5 del Pacto mencionado establece. "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que la resolución de condena y lapena que se haya impuesto sea sometida a un Tribunal superior, conforme a lo que se establece en la ley".
El Tribunal Constitucional ha interpretado el "conforme a lo prescrito en la ley" en el sentido de reconocer libertad al legislador interno no solo para determinar cual es el Tribunal superior, sino también para configurar como se someta a él la sentencia condenatoria. Ello ha permitido que en"nuestro ordenamiento en determinados supuestos sea el recurso de apelación y en otros el recurso de casación, el que abra al condenado en la instancia el acceso a un Tribunal superior "(STC 37/88 de 3 de marzo).
El Tribunal Constitucional está negando cualquier identificación entre el derecho al recurso y principio de doble grado de jurisdicción; si así fuera esta identificación se estaríaexigiendo al legislador la reforma de la normativa procesal al respecto.
El mandato constitucional (art. 10 C.E.) obliga a interpretar el derecho al proceso con todas las garantías debidas, o al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 C.E.), que son dos derechos de significado contenido constitucional, desde la perspectiva de esos tratados internacionales, y más en concreto, desde la...
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