Ensayo

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Balance de los 10 años de las acciones populares y de grupo

Alcance de la intervención de la Corte Constitucional en la revisión de la Ley 472 de 1998

Impactos de algunas acciones populares, tensiones y propuestas de reforma

Bogotá, Agosto de 2008

INTRODUCCIÓN1 La participación de la Corporación Excelencia en la Justicia en el presente proyecto estuvo orientada por el ánimo deinvestigar sobre algunos temas relacionados con las acciones populares y de grupo, el activismo judicial y la percepción de esta actividad por parte de la ciudadanía. Al indagar, en reuniones y entrevistas con empresarios2, con Jueces, con abogados accionantes y con algunos de los Alcaldes Municipales, se adelantó un primer acercamiento a la percepción que tiene cada uno respecto de las accionespopulares. Para algunos empresarios ha habido abuso en su ejercicio, consideran que las actuaciones temerarias tienden a crecer, ya que en muchos casos las acciones populares se interponen con la finalidad de alcanzar objetivos fraudulentos o contrarios a la ley, entorpeciendo la marcha de la administración de justicia y atentando contra los principios procesales de lealtad y buena fe. Afirman quealgunos abogados accionantes se han convertido en cazarrecompensas, dedicados a perseguir hechos y posibles afectados que pueden generar una acción popular, con el único objetivo de cobrar el incentivo. Por otro lado,
1 / Bajo la dirección de Gloria María Borrero Restrepo, participaron en esta investigación Alejandro Botero y Luisa Fernanda Trujillo, consultores de la CEJ. 2 Del sector deComunicaciones, Bancario, de Hidrocarburos e Hidroeléctricas y Salud.

preocupa a éste gremio que las decisiones judiciales desconocen en muchos casos la situación económica del país y del sector industrial y empresarial, y las sentencias terminan generando crisis económicas en las empresas. Finalmente, resulta preocupante el hecho que estas acciones pueden servir como posible foco de corrupción judicial, albuscarse beneficio indebido por parte de jueces a través del reconocimiento del incentivo. Por todo ello, es una conclusión generalizada para este gremio que la Ley 472 de 1998 debe ser reformada en diversos aspectos, no sólo aquellos tendientes a controlar las irregularidades que ellos perciben y que hemos explicado arriba, sino también sobre aspectos más específicos y que trataremos aparte,como el incentivo y la sobreposición de acciones. Para algunos Alcaldes, las acciones populares están dejando sin recursos al Estado, en especial a los Municipios, los cuales carecen de una defensa adecuada, ya que en ciertos Municipios los defensores públicos son insuficientes para atender los requerimientos judiciales generados por las acciones populares, y, en otros, la defensa técnica no eseficiente y no logran una verdadera defensa técnica de la entidad territorial. Afirman adicionalmente, que los planes de desarrollo son utilizados para interponer acciones a partir de las obligaciones de cumplimiento gradual que son fijadas allí.

Algunos jueces por su parte, perciben que las acciones populares son un mecanismo eficaz para proteger derechos colectivos, que en la mayoría de lasocasiones involucran violaciones o amenazas a los derechos colectivos generadas por el sector empresarial que cuanta con la capacidad económica de responder y soportar las consecuencias de sus acciones y tienen una responsabilidad social que por mandato legal están llamadas a cumplir. Con todo, afirman que existen casos de abuso en el ejercicio de las acciones populares, frente a los cuales se debenadoptar medidas. En el mismo sentido se expresaron los abogados litigantes consultados por la Corporación. Este acercamiento a las opiniones de algunos de los actores de las acciones populares fueron el insumo para orientar los intereses de la investigación y para plantear alternativas para enriquecer el debate y ofrecer instrumentos para avanzar en la precisión del mecanismo de protección de...
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