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extinción

Negocio enredado

El Grupo Grajales pagó una deuda con bienes incautados. La ley que permite esa figura podría abrir una caja de Pandora de impredecibles consecuencias.

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“Yo no soy abogado sino bananero”
El 16 de diciembre del año pasado, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una negociación en la que se permitió que una deuda bancaria se pagara con uno de losbienes que están en proceso de extinción de dominio. Esto no sería noticia si no fuera porque es la primera vez en la historia de la incautación de los bienes al narcotráfico que se utiliza esta figura, permitida por la ley, para pagar una deuda crediticia. Pero no es sólo eso. Cuando la maniobra financiera se les planteó a los 10 miembros del Consejo para su visto bueno, el negocio ya estabahecho.

Aunque SEMANA no tuvo acceso al acta de esa reunión en donde se discutió la negociación, ésta consistió en entregarle a Megabanco una propiedad incautada al Grupo Grajales en octubre del año pasado, para saldar una deuda que tenían con la entidad siete de las empresas filiales al conglomerado. La propiedad que se entregaba era Frucosta, que operaba en un terreno de ocho hectáreas más 10.000metros de bodega, en el municipio de Malambo, en Atlántico. La exposición del negocio la hizo Osvaldo Pérez, asesor de la Dirección de Estupefacientes y al mismo tiempo depositario de todo el emporio empresarial, que en su mayoría opera en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca.

Pérez fue convincente en sus argumentos. Les dijo a los miembros del Consejo que se trataba de reducir lasdeudas bancarias de las empresas filiales al Grupo para darles mayor solidez . Sostuvo que la deuda era de 3.160 millones y que sobre ese valor se constituiría por un año, un patrimonio autónomo a través de una fiduciaria. Bajo esta figura, se entregarían en dación de pago el terreno y las bodegas de Frucosta, avaluados por una oficina privada en 4.514 millones de pesos. También les dijo que siMegabanco llegaba a vender el bien por un valor superior, antes del año, se comprometía a entregar la diferencia a la Dirección de Estupefacientes. Con esta fórmula, según el asesor, se pararía un 'taxímetro' de intereses con Megabanco que desangraba financieramente al Grupo Grajales y se le podía garantizar la estabilidad laboral a sus más de 2.200 empleados.

Ninguno de los 10 miembros del Consejode Estupefacientes, integrado por cinco ministros y los titulares de la Procuraduría, la Fiscalía, el DAS, la Policía y Estupefacientes, se opuso a la operación financiera. Lo que ninguno sabía era que Pérez ya había hecho el negocio 15 días atrás. El 30 de noviembre firmó una escritura con Juan Carlos Páez, en representación de Megabanco, ante el notario quinto de Bogotá, Jaime Arteaga. De esono se habló en la reunión. Lo que sí les dijo el asesor era que ya contaba con la autorización del fiscal 13 especializado, Fabio Ramos, quien lleva el caso Grajales, para hacer la negociación. "Eso no es cierto -le dijo el fiscal a SEMANA-, yo le envié un oficio a Juan Carlos Vives, el director de Estupefacientes, el 29 de noviembre, en el que le decía que autorizaba el negocio siempre y cuandoestuviera aprobado primero por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Esa reunión fue en diciembre y la resolución en la que levanté el embargo del bien se la envié el 24 de enero de este año".

La escritura del contrato dice en la cláusula sexta que se le garantiza a Megabanco que el inmueble está libre de embargos. "Eso tampoco es cierto. Yo no voy a permitir que utilicen a la Fiscalía en eso.Aquí hay una falsedad en documento público porque el bien estaba todavía embargado. En el fondo, yo estoy viendo una corrupción y si hay que reversar el negocio, lo hago ", dijo el fiscal Ramos.

Frente a todas estas dificultades en el manejo de los bienes incautados, surgen inquietudes sobre la conveniencia de la norma jurídica que permite este tipo de negociaciones. Esta es la primera vez...
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