Estado de alarma

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Yo, como ustedes, no salgo aún de mi asombro e indignación por el caos monumental
que el interés egoísta de dos mil controladores ha terminado provocando -el cierre de
nuestro espacio aéreo durantecasi veinticuatro horas-, lo que ha generado la
cancelación de más de 4.000 vuelos y afectado a 630.00 viajeros desde el viernes. Y
yo, como ustedes, me alegro de que las medidas adoptadas por elGobierno hayan
puesto fin a una huelga tan salvaje e inadmisible.
Pero tal alegría no me impide sentir una honda preocupación como jurista y como
ciudadano, pues, a mi juicio, mientras que ladeclaración, por primera vez en nuestra
reciente historia democrática, del estado de alarma podría ser ilegal, su efecto
principal -el sometimiento de personal civil a los tribunales castrenses- estáafectado
de un claro vicio de inconstitucionalidad.
Por lo que se refiere a lo primero, el Gobierno se ha amparado para declarar el estado
de alarma en lo previsto en el artículo 4.c) de la leyorgánica de estados de alarma
excepción y sitio, que, en efecto, posibilita tal declaración cuando se produce la
paralización de servicios públicos esenciales, pero que exige, también, algo que en
estecaso manifiestamente no se ha dado: que concurran, además, algunas de las
circunstancias contenidas en el propio precepto (calamidades publicas de carácter
natural o accidentes de gran magnitud, crisissanitarias o situaciones de
desabastecimiento de productos de primera necesidad). Esa no concurrencia
convierte, de hecho, y según la doctrina constitucional más acreditada, la declaración
enilegal.
Siendo ello gravísimo, lo es mucho más que el Gobierno haya optado en su
declaración por decretar la movilización de los controladores y por echar mano de una
ley preconstitucional (la denavegación aérea de 1960) para someterlos a la
jurisdicción de los tribunales castrenses, sometimiento que vulnera con toda claridad la
taxativa prescripción contenida en el artículo 117.5 de la...
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