Fallo cantos

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Por Germán González Campaña
Título original: Juicio Internacional a la justicia argentina (tasas, honorarios, costas y plazos en la mira de la Corte Interamericana)
Publicado en: LA LEY 2003-C, 1
Fallo Comentado:  Corte Interamericana de Derechos Humanos ~ 2002/11/28 ~ Caso Cantos
I.- Introducción.
La sentencia que comentamos, la última dictada por la Corte Interamericana de DerechosHumanos, constituye un verdadero leading case en materia de debido proceso legal, que debiera estar a disposición de todos los operadores jurídicos, no sólo de los especialistas en derechos fundamentales, sino también, de los que se dedican al Derecho Administrativo. A estos últimos están destinados los siguientes apuntes.
Una lectura superficial de la resolución parecería indicar que lo decidido enel caso refiere a un prolongado, dificultoso y costoso proceso multimillonario seguido por un ciudadano argentino contra su provincia natal y el Estado nacional, que terminó con una severa condena a este último por parte de la casación interamericana.
Sin embargo, si nos adentramos en las connotaciones políticas que trae aparejada la sentencia estudiada, podremos observar que las mismas no quedancircunscriptas a la reparación de los daños sufridos por la víctima de la burocracia procesal, sino que se proyectan sobre todo el sistema jurisdiccional argentino.
Desde esta óptica, cuando un tribunal internacional juzga si un Estado ha cumplido con la exigencia de resolver los litigios en un plazo razonable, por juez o tribunal competente, independiente e imparcial, con debida asistencialetrada, mediante un proceso público y en condiciones de plena igualdad,[1] en rigor, está examinando al sistema judicial en sí mismo.
Esta circunstancia ha sido resaltada por el profesor español Bandrés Sánchez-Cruzat, quien ha señalado que la exigencia de publicidad, equidad y eficacia, considerados nucleares para el buen funcionamiento de la administración de justicia, revela no sólo la dimensiónsubjetiva de este derecho, sino también la estructural, que obliga a los Estados a hacer efectivo el derecho a la justicia, adoptando las medidas positivas necesarias para asegurar la tutela de los derechos y libertades convencionalmente reconocidos.[2]
El pronunciamiento anotado reviste significativa importancia por cuanto analiza la compatibilidad de las dilaciones exorbitantes de los juicios yde la imposición al vencido de tasas, honorarios y costas excesivas, con el Pacto de Costa Rica, ubicado en la cima de nuestro ordenamiento jurídico.
II.- El Derecho Administrativo en el marco de los Derechos Humanos.
Desde que emitió su primera resolución, en julio de 1981,[3] la Corte de San José ha dictado 97 sentencias -en 36 casos contenciosos- y evacuado 17 opiniones consultivas,[4]referidas, todas ellas, a la protección internacional de los derechos fundamentales.
Como no pudo ser de otra manera, ante el dramático cuadro de violación masiva de los derechos humanos en toda Latinoamérica a comienzos de la década de 1980, el Tribunal se avocó primariamente a los supuestos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de personas, delitos que conllevan la violación del derechoa la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a las garantías judiciales, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Naturalmente, esta doctrina judicial ha revestido significativa importancia no sólo para quienes defienden los derechos humanos, sino también para aquellos que ejercen el Derecho Penal, quienes son los que mayor atención han prestado aldesenvolvimiento de la jurisprudencia interamericana.
Sin embargo, en los últimos dos años el campo temático tratado por la Corte Interamericana se ha dilatado notablemente, incorporando asuntos relativos al poder disciplinario sobre los magistrados judiciales;[5] la garantía del debido proceso en la aplicación de sanciones administrativas a los trabajadores de empresas estatales prestatarias de servicios...
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