Fallo tarifeño

Breve reseña doctrina de la CSJN
DE  “TARIFEÑO” A “MARCILESE”
 
            Con el pronunciamiento recaído en “Marcilese” -causa N° 15.888/98-, de fecha 15 de agosto de 2002, la Corte inscribe otro hito en un proceso que le ha llevado años recorrer. No decimos culmina un proceso, porque estamos convencidos que la cuestión no termina aquí como lo evidencian las disidencias que se han producidoen este fallo, sus precedentes y los matices que presenta el tema de que trata.
            La Corte se aparta ahora expresamente de lo que ha venido resolviendo –en mayoría en varios casos- desde la causa T.209.XXII "Tarifeño, Francisco" del 28 de diciembre de 1989 y Fallos: 317:2043; Fallos: 318:1234, 1400; y causa F.174.XXVIII "Ferreyra,  Julio", ésta resuelta el 20 de octubre de 1995.            Véase cómo se arriba al mismo.
 

I.         ANTECEDENTES

 
            1. El caso.
 
            Una Cámara en lo Criminal de la ciudad de Salta resolvió condenar a P.J.M. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo instigador del delito de homicidio calificado por promesa remuneratoria y alevosía. Así se pronunció no obstante el pedido de absoluciónefectuado por el fiscal de juicio. También lo condenó al pago de la suma de dinero en forma solidaria con el resto de los imputados.
            Interpuesto el recurso de casación, admitido en principio y parcialmente, fue rechazado en cuanto al fondo del asunto por parte de la Suprema Corte de la Provincia de Salta. Entendió dicho Tribunal que el pedido absolutorio del Ministerio Público no seencontraba debidamente fundado; que se apoyó en la sola voluntad de quien ejerció el cargo; que no hubo afectación del derecho de defensa y que los precedentes existentes, tanto en el orden local como nacional, no resultaban de aplicación al caso [según consigna en su dictamen el Procurador General].
Contra ese pronunciamiento, la defensa de M. interpuso recurso extraordinario cuya denegatoriadio lugar a la articulación de la queja, vía por la cual accedió el caso al cimero Tribunal del país. Atribuyó arbitrariedad al fallo apelado por efectuar el máximo tribunal provincial una errónea interpretación de la doctrina sentada por la Corte en la causa "Tarifeño", señalando como vicios la afectación de las garantías del debido proceso y de defensa en juicio.
Sostuvo la defensa, en loque aquí interesa, que la ampliación del requerimiento de elevación a juicio no resulta suficiente -a los fines del cumplimiento de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia-, pues la acusación sólo puede considerarse integrada luego de sustanciado el debate [del dictamen del Procurador General].
En el marco de la doctrina de la arbitrariedad,manifestó también que los fundamentos doctrinarios o jurisprudenciales invocados por la Corte salteña para sostener la admisibilidad de dictar condena en los casos que media pedido de absolución por parte del fiscal fueron valorados por la Corte Suprema de la Nación y desechados al sentar la doctrina “Tarifeño”, de sentido contrario.
 
2. Dictamen del Procurador General.
 
           Anticipamos que en su dictamen, el Procurador se atiene a la doctrina del precedente citado por el defensor y otros similares. Proemialmente, asume la conflictividad de la cuestión en que aparecen comprometidas las garantías de la defensa que asegura el artículo 18 de la Constitución Nacional. Sobre ella, dice, median numerosos fallos y opiniones divergentes de los autores.
            Recuerdaantiguos pronunciamientos de la Corte, cuando dejó dicho que “Las garantías que en materia criminal asegura y consagra el artículo 18 de la Carta fundamental, consisten en la observancia de las formas substanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales del reo” [Núñez, Manuela c/ Rocca de Ominelli, Manuela. Aybar Sobrecasas,...