Fiscal

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La nueva “Ley de los Derechos Indígenas para el estado de Chiapas”, propuesta por el gobernador Juan Sabines y aprobada por la Legislatura de aquel estado el pasado 29 de diciembre, al mostrar grandes similitudes con las estrategias de aprobación y los contenidos de otras leyes indígenas estatales sancionadas en los últimos años y meses, pone en evidencia lo que el Congreso Nacional Indígenaviene denunciando desde hace casi una década: que la política legislativa del Estado mexicano hacia sus pueblos indios –previamente consensuada con las cámaras empresariales y el gobierno de los Estados Unidos- tiene su piedra de toque en la aprobación de reglamentaciones secundarias y, sobre todo, leyes locales “de avanzada” que claramente se muestran como extensión y profundización de lacontrarreforma indígena constitucional promulgada el 14 de agosto del año 2001.
El hecho adicional de que se trate de una norma mucho más atrasada que la “Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas”, publicada el 29 de julio de 1999 y abrogada por esta nueva ley en comento, muestra, asimismo, el hondo desprecio que nuestros políticos, sin importar su signo partidario, sienten hacia lospueblos originarios de Chiapas y de México, hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las estructuras de gobierno autónomas zapatistas y hacia los Acuerdos suscritos en San Andrés Sa kamchen hace 14 años.
La ley indígena chiapaneca es, en muchos aspectos, un refrito de la controvertida y racista “Ley Sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado deJalisco” que aprobó el Congreso jalisciense el 30 de diciembre de 2006. Ambas son producto de un albazo legislativo dado en los últimos días de diciembre, aprovechando el periodo navideño y el que las comunidades indígenas, tan alejadas de los círculos de la “alta” política y con un ciclo festivo y de gobierno que se carga para fines de año, difícilmente pudieron enterarse de la infamia legislativa.Sin embargo, es en el entramado de artículos donde se descubre el doble objetivo de ambas legislaciones: acotar la autonomía y disminuir los derechos territoriales que los pueblos indígenas ejercen en sus respectivos espacios y ámbitos culturales, pues, de otro modo no se estarían restringiendo el funcionamiento y las atribuciones de los gobiernos indígenas. En dicho sentido la Ley Sabines tieneel claro propósito contrainsurgente de seguir golpeando, con más intensidad, a los municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno zapatistas.
Aun cuando el artículo 12 de la norma votada hace un mes enuncia el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía “en toda su amplitud”, pero fortaleciendo “la soberanía nacional, el régimen políticodemocrático, la división de Poderes” y “los tres niveles de gobierno”, es decir, en los marcos del actual Estado cerrado y homogéneo, lo cierto es que la nueva ley disminuye los derechos políticos, territoriales, económicos y culturales de los pueblos indígenas de la entidad y viola en forma flagrante diversos preceptos contenidos en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo,empezando por el llamado principio de autoadscripción que se contiene en el artículo primero del Convenio Internacional al establecer que la pertenencia de una persona a un pueblo indígena puede ser acreditada ante un juez civil “en la vía de jurisdicción voluntaria” (artículo 32).
Al igual que la de Jalisco, la ley indígena de Chiapas contiene una retahíla de derechos enunciados junto a una serie derestricciones y candados para el ejercicio de la autonomía, el gobierno y la administración de la justicia propios de los pueblos indígenas, en tanto que, arbitrariamente fija las competencias de las autoridades tradicionales (artículo 37, cuyo texto fue tomado del artículo 17 de la Ley jalisciense en la materia) y destruye los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas al...
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