Funciones intervencion en municipios gran poblacion

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El artículo 136 de la LRBRL, añadido por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del Gobierno Local recoge la regulación del órgano responsable del control y de la fiscalización interna y acomoda su regulación a las prescripciones del TRLRHL, en sus artículo 213 a 222, distinguiendo las tres clases de control, de legalidad (al que llama función interventora), financiero y de eficacia.Se encomienda su ejercicio a un órgano denominado Intervención General Municipal, en congruencia con lo previsto en el artículo 92.3b) de la LRBRL, que declara como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal, entre otras las de control y fiscalización interna de la gestióneconómico-financiera y presupuestaria. Precepto desarrollado por el artículo 14 RJFHN, que atribuye al Interventor la responsabilidad administrativa de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria.

Establecido el marco legal, es objeto del presente informe analizar el alcance de las funciones atribuidas a la Intervención GeneralMunicipal.

1.- Función Interventora.

Para delimitar lo que debe entenderse por función interventora hemos de remitirnos al artículo 214 del TRLRHL, según el cual:
“1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, losingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a. La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligacionesde contenido económico o movimiento de fondos de valores.
b. La intervención formal de la ordenación del pago.
c. La intervención material del pago.
d. La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.”
Según dicho precepto, se trata de una función de control, interno, por el órgano que la ejerce, de legalidad, por cuanto es la adecuación o nodel acto económico-financiero fiscalizado a la norma jurídica que lo motiva.
Como principios que informan esta función cabe señalar los de generalidad y autonomía. El primero, implícito en la expresión “todos los actos”, tiene sin embargo sus excepciones, reguladas en el artículo 219 TRLHL, consistentes en la existencia de ciertos actos no sometidos a intervención previa y en la posibilidad deefectuar sobre otros asuntos una fiscalización limitada, en vez de plena, o sustituirla por la simple toma de razón y posteriores comprobaciones por muestreo.
La autonomía de su ejercicio, tiene su base en las garantías que a favor de los funcionarios que la ejercen consagra el artículo 222 de la misma ley que, como también recoge el número 2 de este artículo 136 LRBRL, determina que dicho ejerciciose realizará con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, los informes técnicos y asesoramiento que estimen necesarios. Añadiendo este artículo 136.2, además de las facultades que confiere alInterventor General el artículo 222, la prerrogativa de tener “completo acceso a la contabilidad –que conforme al artículo 134 puede no tener atribuida- y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones”.
En cuanto al alcance de la fiscalización, o sea, en cuanto al conjunto de los actos sobre la que ésta recae, la generalidad con que el apartado primero del artículo 214 TRLHL...
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