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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA José Ignacio Hernández G. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela INTRODUCCIÓN Una de las instituciones claves del Derecho Administrativo en Latinoamérica es, a no dudarlo, la del contrato administrativo. Se admite así, como principio general, que la Administración, para cumplir los cometidos que leson propios, puede celebrar contratos, tanto con otros órganos del Poder Público como con particulares. En relación con éstos, se acepta que la Administración puede celebrar dos contratos: unos, sometidos a Derecho Administrativo; los otros, regidos por el Derecho común. Los primeros equivalen al concepto de contrato administrativo, caracterizados por su objeto (el servicio público en sentidoamplio) y en ocasiones, por su contenido formal (a través de las llamadas cláusulas exorbitantes). El concepto de contrato administrativo aparece imbricado en la tesis que concibe a la Administración obrando en sujeción al Derecho Administrativo y al servicio público como centro nuclear de todo ese Derecho. Servicio público sometido a un régimen exorbitante del Derecho común, que es precisamente elDerecho Administrativo, que rige al contrato administrativo, el cual adquiere de esa manera sustantividad propia respecto del contrato informado por el Derecho Civil. Contrato administrativo cuyo régimen es tributario del régimen aplicable a la Administración y de allí que, por tanto, se someta a reglas especiales basadas en la supremacía de la Administración y la mutabilidad del contrato en funciónde las exigencias del interés común. De esta tesis deriva la dualidad de contratos que puede celebrar la Administración y, por vía de consecuencia, la dualidad de jurisdicciones a las que ésta se somete: contratos administrativos regidos por el Derecho Administrativo y sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa; además, contratos de la Administración, sometidos a Derechocivil y sujetos a la justicia ordinaria. Dualidad de actuación contractual que tiende a

justificarse, como quedara expuesto, en el objeto perseguido: el servicio público, entendido en su acepción más amplia posible1. De allí por tanto que no todo contrato celebrado por la Administración es contrato administrativo; sin embargo, para que exista contrato administrativo ha de actuar, siempre, unaAdministración Pública, se admite en la tesis convencional. La vigencia de la tesis del contrato administrativo en la actualidad del Derecho Administrativo del Siglo XXI puede ponerse en duda, básicamente pues parte de una premisa válida a finales del siglo antepasado, cuando se dictara la decisión Blanco y su corolario, la decisión Terrier, pero que hoy día, es bastante cuestionable: que laAdministración puede actuar bajo dos regímenes paralelos. La ampliación del Derecho Administrativo a resultas del advenimiento del Estado social de Derecho; la intervención de la Administración en espacios otrora reservados al sector privado; la intensa participación ciudadana, en especial, y de los consumidores y usuarios como sujetos activos, así como la interaplicación generalizada del DerechoPúblico y del Derecho Privado, al menos, deben llevar a replantear el concepto de contrato administrativo2. En realidad, no podría decirse que la Administración, al contratar, lo hace bajo dos regímenes paralelos en función al interés general perseguido, pues siempre la Administración ha de obrar con base en su función vicarial: la Administración sirve al interés

1

Un resumen de esta tesis clásicapuede verse en Laubadère, André, Traité Théorique et Practique des Contrats Administratifs, Tome Premier, Paris, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1956, pp. 7 y ss. Más recientemente, vid. Casagne, Juan Carlos, El contrato administrativo, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005, pp. 113 y ss. En Venezuela, vid. Brewer-Carías, Allan, Contratos administrativos, Editorial...
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