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En 2009, cuando el gobierno quiso aplicar las medidas de austeridad que exigía el FMI a cambio de una ayuda financiera de 2 100 millones de euros, una fuerte movilización popular lo obligó arenunciar. En elecciones anticipadas, la izquierda ganó la mayoría absoluta en el Parlamento [2].

No obstante, el nuevo poder adoptó la ley Icesave –cuyo nombre procede del banco online que quebró y cuyosahorristas eran en su mayoría holandeses y británicos–, con el fin de rembolsar a los clientes extranjeros. Esta legislación obligaba a los islandeses a pagar una deuda de 3 500 millones de euros(40% del PIB) –o sea, 9 000 euros por habitante– en 15 años y con una tasa de interés del 5%. Frente a las nuevas protestas populares, el Presidente se negó a ratificar el texto parlamentario y losometió a un referéndum. En marzo de 2010, el 93% de los islandeses rechazó la ley sobre el rembolso de las pérdidas de Icesave. Cuando la ley se sometió a un nuevo referéndum, en abril de 2011, el 63% delos ciudadanos volvió a rechazarla [3].

Una nueva Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente de 25 ciudadanos elegidos por sufragio universal entre 522 candidatos, Constitución queconsta de 9 capítulos y 114 artículos, se adoptó en 2011. La nueva Constitución instaura un derecho a la información, con un acceso público a los documentos oficiales (Artículo 15), prevé la creación de unComité de Control de la Responsabilidad del Gobierno (Artículo 63), un derecho a la consulta directa (Artículo 65) –un 10% de los electores puede pedir un referéndum sobre las leyes que vota elParlamento–, así como el nombramiento del Primer Ministro por el Parlamento [4].

Así, contrariamente a las otras naciones de la Unión Europea que se ven en la misma situación y que aplicaronescrupulosamente las recomendaciones del FMI, institución que exigía medidas de una austeridad severa, como lo ha hecho en los casos de Grecia, Irlanda, Italia o España, Islandia eligió una vía alternativa....