Gobernabilidad ambiental

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  • Publicado : 30 de diciembre de 2011
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Basado en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro donde enuncia entre otros “Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos elresarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. El Ministerio Público como representante de los intereses de la Sociedad, tiene el deber ineludible de la acción penal pública en los casos que impliquendeterioro al ambiente en general, sus recursos, y la salud de la población.

Para ello, como herramienta indispensable se debe contar con una legislación ambiental que resulte eficaz y sobre todoeficiente, para lograr el objetivo de la justicia ambiental.

No es desconocido que Honduras cuenta con una amplísima gama de leyes ambientales, tratados internacionales ratificados, reglamentos,normas técnicas, etc. que a pesar de ello no ha logrado frenar el deterioro ambiental.

En el caso de las normas penales, constituyen en ocasiones normas en blanco por la ambigüedad en la tipificaciónde los delitos, o por la dificultad de obtención de pruebas científicas debido al planteamiento o redacción de las mismas.

El Derecho Ambiental es particularmente cambiante y nuestras normas no seadaptan completamente a los avances científicos y tecnológicos, conduciendo a que los procesos judiciales y administrativos en general sean poco productivos, y generando en muchos casos impunidad.Un caso significativo y digno de considerarse es que se creó un capítulo de delitos ambientales en el código penal hondureño, sin embargo, por razones no claramente definidas estuvieron vigentes pormenos de cuatro meses (28 de febrero al 10 de junio de 1997), denotando con ello el poco o mínimo interés en la materia ambiental por parte de nuestros legisladores de aquella época.

No podemosdesconocer que ha habido avances, como la nueva Ley Forestal, que en el caso de la tipificación de los delitos han sido mejor definidos y se han obtenido resultados favorables en el campo de la justicia...
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