Historia Del Derecho Procesal Administrativo

3.1. Defensorías Del Pueblo En Latinoamérica


Es una historia muy rica la vivida por las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica. Siguiendo el modelo defensorial de la Constitución Española de 1978, muchos países incorporaron esta institución a su sistema de democracia representativa en los últimos veinticinco años: Guatemala (1985), Brasil (1986 - Estado de Paraná), México (1990), ElSalvador (1991), Colombia (1991), Costa Rica (1992), Honduras (1992), Perú (1993), Nicaragua (1995), Ecuador (1996), Bolivia (1996), Panamá (1996), Venezuela (1999), etc.
Como podemos señalar en el campo normativo (Anexo I), las Defensorías del Pueblo en Latinoamérica han tenido un especial desenvolvimiento en el ámbito constitucional y legal como Defensorías, Procuradurías Especiales (Nicaragua, PuertoRico) o Comisiones Nacionales de Derechos Humanos (Honduras, México). Al parecer el rango constitucional asegura el respaldo político, la legitimidad y autonomía jurídica para interactuar con otras instituciones estatales. El goce de la autonomía política y jurídica es comparable con la “dependencia” formal tanto en sus reportes periódicos al Congreso como a su origen o la forma de “elección” -enun sentido lato-: generalmente la elección del Defensor nace del seno del Poder Legislativo salvo los países influenciados o parte del “Common Law”. El problema de la elección del Defensor se suscitaría con sistemas electorales de distrito electoral múltiple o sistema de partidos políticos multipartidista que imposibilitaría una elección tan alta como se exige comúnmente como son los dos terciosde los miembros del Poder Legislativo para seleccionar al Defensor.
En el campo institucional (Anexo II), podemos notar que la naturaleza de la su elección y de su dependencia normativa por “encargatura” del Poder Legislativo, se refleja en su dependencia presupuestaria, sin embargo, en algunos casos el presupuesto es parte del diseño del Poder Ejecutivo (Nicaragua, Perú) o de la propiaDefensoría (Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras), esta última es una tendencia que se está acentuando cada vez más. Pese a que se señala una capacidad en recursos humanos de la institución defensorial, regulándolo bajo el sistema público laboral, lo cierto es que esta apreciación formal debe contrastarse con la realidad latinoamericana de incapacidad para afrontar con propios recursos del presupuestonacional la labor que realizan las Defensorías, por lo que es común el contar con apoyo de agencias de cooperación internacional y personal extranjero proveniente de esta colaboración. Por otro lado, el desenvolvimiento de la capacidad institucional ha estado marcado por dos criterios: la especialidad en la defensa de los casos de derechos humanos según el grupo humano que se encuentra en estado deindefensión; y la descentralización institucional de las Defensorías en los diferentes espacios regionales (capitales de provincia y departamento) o locales (municipios o cantones) de los países Latinoamericanos. En el caso del primer criterio, países como Bolivia, Colombia, Ecuador o México han desarrollado oficinas, programas, departamentos o Adjuntías especializadas en derechos humanos parauna mejor protección de grupos vulnerables por la situación especial de violaciones de derechos humanos que se vive en Latinoamérica. En el tema ambiental, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Perú, México y Venezuela tienen Adjuntías u oficinas especializadas para la defensa y protección de un ambiente equilibradamente sano.
Con respecto a las competencias o la capacidad funcional de las Defensorías(Anexo III), en mayor o menor medida, la función de defensa de los derechos humanos y la supervisión de la administración pública son una constante en casi todos los sistemas latinoamericanos. La función de investigación es una de las principales funciones con que cuenta la Defensoría para cumplir con su objetivo de defensa de los derechos humanos; la función pedagógica ha sido incluida como un...