Interpretacion Constitucional
Páginas: 19 (4544 palabras)
Publicado: 26 de noviembre de 2012
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
INTRODUCCIÓN
El presente “paper” está destinado a motivar la discusión sobre un tema muy complejo, en el marco del seminario interdisciplinario de las cátedras de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, motivo por el cual, partiré de las cuestiones previasplanteadas por los profesores Carlos Rosenkrantz y Marcelo Alegre y que se abrieran a una interesante discusión en la que intervinieron los profesores Martín Farell, Hugo Bliffeld, Osvaldo Pérez San Martino, Guillermo Treacy, Alberto Spota, Graciela Zorzoli y el suscripto.
Seguiré el marco abierto del debate para intentar fijar una posición en el tema de la consideración acerca de la existenciade un Derecho Constitucional de protección frente a la pobreza extrema y si el mismo tiene ejecutibilidad y, por lo tanto, si es materia de atención por parte de los Jueces en un Estado Democrático de Derecho.
Para ello primero deberé considerar la naturaleza de los derechos económicos y sociales como derechos fundamentales para después adentrarme en las particularidades de la interpretaciónconstitucional en términos de justicia distributiva.
A pesar que en términos formales o conceptuales se sostenga la unidad de los derechos humanos como aquellos que son inherentes a los hombres y mujeres por su condición de tales; o -si se quiere- como aquellos que encuentran fundamentación moral en la dignidad de la persona, lo cierto es que muchas constituciones les otorgan distintos nivelesde protección al agruparlos como derechos de primera, de segunda o de tercera generación. Por ejemplo, la Constitución Española solo protege con recurso de amparo a los derechos enumerados hasta el articulo 30 y en la doctrina argentina, inclusive, se ha diferenciado entre normas “operativas” y “programáticas”, estas últimas, destinadas al legislador generalmente en los casos de derechos sociales(ej. Art. 14 bis).
Defenderé la unidad de los derechos humanos, para lo cual recordaré que -aun en casos excepcionales- la Corte ha defendido su operatividad por el sólo hecho de su constitucionalización; comenzando con “Leading Cases” históricos como “Siri”y “Kot” y otros de más reciente concepción como Ekmekdjian c/ Sofovich en 1990 para fundamentar tal operatividad en los Tratados de DerechosHumanos que vienen a reforzar -tanto por razones jurídicas como morales- esa unidad de interpretación.
Admito que ese argumento es dogmático y también insuficiente en términos de precedentes jurisprudenciales; motivo por el cual argumentaré en contra de la dialéctica libertad-igualdad, en que buena parte de la doctrina clásica ha fundado en derechos de primera y de segunda generación,respectivamente. A mi entender, los fundamentos racionalistas de los derechos civiles y políticos a saber: la tolerancia religiosa en el siglo XVII, el principio de autonomía personal y de limitación del poder Estatal en los siglos XVIII y XVI el racionalismo y garantías en materia penal no son excluyentes de la incorporación de un mayor grado de igualdad con los derechos del constitucionalismo social. Nosolamente entiendo que tal balance y armonización es plausible sino que guardan adecuada relación con el racionalismo de la revolución francesa y su lema: LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD. De modo que la incorporación de mayores niveles de igualdad también incrementan el tercer valor: la FRATERNIDAD o SOLIDARIDAD.
En este punto, debo admitir que ese balance de libertad-igualdad impone ciertoretroceso de los derechos liberales hacia su relatividad o competitividad con los otros. Un ejemplo de esto es admitir la “desconstitucionalización” de un concepto otrora absoluto del derecho de propiedad, que admite restricciones tanto en la llamada “función social” como “función ambiental” de la misma.
No siempre los derechos económicos y sociales son derechos de prestación en el sentido de que...
INTRODUCCIÓN
El presente “paper” está destinado a motivar la discusión sobre un tema muy complejo, en el marco del seminario interdisciplinario de las cátedras de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, motivo por el cual, partiré de las cuestiones previasplanteadas por los profesores Carlos Rosenkrantz y Marcelo Alegre y que se abrieran a una interesante discusión en la que intervinieron los profesores Martín Farell, Hugo Bliffeld, Osvaldo Pérez San Martino, Guillermo Treacy, Alberto Spota, Graciela Zorzoli y el suscripto.
Seguiré el marco abierto del debate para intentar fijar una posición en el tema de la consideración acerca de la existenciade un Derecho Constitucional de protección frente a la pobreza extrema y si el mismo tiene ejecutibilidad y, por lo tanto, si es materia de atención por parte de los Jueces en un Estado Democrático de Derecho.
Para ello primero deberé considerar la naturaleza de los derechos económicos y sociales como derechos fundamentales para después adentrarme en las particularidades de la interpretaciónconstitucional en términos de justicia distributiva.
A pesar que en términos formales o conceptuales se sostenga la unidad de los derechos humanos como aquellos que son inherentes a los hombres y mujeres por su condición de tales; o -si se quiere- como aquellos que encuentran fundamentación moral en la dignidad de la persona, lo cierto es que muchas constituciones les otorgan distintos nivelesde protección al agruparlos como derechos de primera, de segunda o de tercera generación. Por ejemplo, la Constitución Española solo protege con recurso de amparo a los derechos enumerados hasta el articulo 30 y en la doctrina argentina, inclusive, se ha diferenciado entre normas “operativas” y “programáticas”, estas últimas, destinadas al legislador generalmente en los casos de derechos sociales(ej. Art. 14 bis).
Defenderé la unidad de los derechos humanos, para lo cual recordaré que -aun en casos excepcionales- la Corte ha defendido su operatividad por el sólo hecho de su constitucionalización; comenzando con “Leading Cases” históricos como “Siri”y “Kot” y otros de más reciente concepción como Ekmekdjian c/ Sofovich en 1990 para fundamentar tal operatividad en los Tratados de DerechosHumanos que vienen a reforzar -tanto por razones jurídicas como morales- esa unidad de interpretación.
Admito que ese argumento es dogmático y también insuficiente en términos de precedentes jurisprudenciales; motivo por el cual argumentaré en contra de la dialéctica libertad-igualdad, en que buena parte de la doctrina clásica ha fundado en derechos de primera y de segunda generación,respectivamente. A mi entender, los fundamentos racionalistas de los derechos civiles y políticos a saber: la tolerancia religiosa en el siglo XVII, el principio de autonomía personal y de limitación del poder Estatal en los siglos XVIII y XVI el racionalismo y garantías en materia penal no son excluyentes de la incorporación de un mayor grado de igualdad con los derechos del constitucionalismo social. Nosolamente entiendo que tal balance y armonización es plausible sino que guardan adecuada relación con el racionalismo de la revolución francesa y su lema: LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD. De modo que la incorporación de mayores niveles de igualdad también incrementan el tercer valor: la FRATERNIDAD o SOLIDARIDAD.
En este punto, debo admitir que ese balance de libertad-igualdad impone ciertoretroceso de los derechos liberales hacia su relatividad o competitividad con los otros. Un ejemplo de esto es admitir la “desconstitucionalización” de un concepto otrora absoluto del derecho de propiedad, que admite restricciones tanto en la llamada “función social” como “función ambiental” de la misma.
No siempre los derechos económicos y sociales son derechos de prestación en el sentido de que...
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