intervencion petrolera

LA “ESTATIZACIÓN” PETROLERA EN 20062007 CON LATERMINACIÓN UNILATERAL Y ANTICIPADA DE LOSCONTRATOS OPERATIVOS Y DE ASOCIACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS DE HIDROCARBUROS Allan R. Brewer Carías I.
EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA Los yacimientos petroleros en Venezuela, como todos los mineros, siempre han sido del dominio público conforme a los principios que seestablecieron en las Ordenanzas de Minería de Nueva España, recogidos en la legislación republicana a partir de la independencia1. En consecuencia, la industria petrolera y minera siempre ha estado sometida en Venezuela a técnicas de intervención del Estado mediante el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos a los particulares para su realización. Estos principios tradicionales delordenamiento jurídico venezolano han sido reafirmados en la Constitución de 1999, en la cual se han declarado a los yacimientos mineros y petroleros como bienes del dominio público; se ha regulado, en general, el régimen de las concesiones de explotación de los recursos naturales y se han establecido regulaciones específicas de protección al ambiente. En efecto, en primer lugar, el artículo 12 de laConstitución declara que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles2. En segundo lugar, en cuanto al régimen de lasconcesiones, el artículo 113 de la Constitución regula las concesiones del Estado cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública, con exclusividad o sin ella, las cuales se pueden otorgar por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. Además, elartículo 156, ordinal 16 de la Constitución, al enumerar las competencias del Poder Nacional, incluye el régimen y administración de las minas e hidrocarburos y el1Véase en general sobre el tema Isabel Boscán de Ruesta, “La propiedad de los yacimientos de los hidrocarburos. Evolución histórica”, en El Derecho Público a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer Carías,Tomo III, Instituto de Derecho Público, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 30613105.2En esta forma se le da rango constitucional a lo ya previsto en la Ley de Minas (art. 2) (Gaceta Oficial nº 5382 de 280999) y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (art. 1º) (Gaceta Oficial nº 36.793 de 23999). Véase nuestra propuesta sobre esto en Allan R. Brewer Carías, Debate Constituyente, Tomo II,op. cit., pp. 35 y 39.
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Aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país, precisando que el “Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido”. En tercer lugar, en la Constitución se estableció un novedoso Capítulo sobre los derechos ambientales, cuyas regulaciones se aplican, en particular, en los casos de explotación derecursos naturales como los mineros y de hidrocarburos3. En particular, se establecieron las siguientes regulaciones: Primero, en el artículo 127 se declara que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Además, toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano yecológicamente equilibrado. Las consecuencias de estos derechos son que el Estado debe proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Se agrega, además, que es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población...