JURIDICA

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le asignó a la jurisdicción ordinaria la competencia para investigar a miembros del Ejército que dieron muerte a dos personas, en hechos ocurridos el 17 de abril del 2006 en zona rural del municipio de San Carlos (Antioquia).
 
Según el informe entregado por el Ejército, las muertes se produjeron en combates con las FARC, en cercaníasa la vereda Las Flores. Sin embargo, en las necropsias practicadas se estableció que hubo diferencias entre la hora y el lugar del deceso de las víctimas, al constatar que solo uno de los cadáveres estaba en proceso de descomposición.
 
De acuerdo con la Sala, estas inconsistencias planteadas en el informe forense generan duda sobre las circunstancias de las muertes, por lo que no está claro silos hechos ocurrieron con ocasión del servicio militar. Por esta razón, le otorgó la competencia para investigar el caso a la jurisdicción ordinaria.
 
El alto tribunal señaló que el material probatorio aportado al proceso no ofrece elementos de prueba para concluir con claridad que los uniformados contra los que se adelanta la investigación deben continuar con el fuero militar.
 
“Ensituaciones como la presente, en las que existe algún grado de incertidumbre acerca de qué fue lo verdaderamente ocurrido, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, la competencia debe asignarse a la jurisdicción ordinaria, pues no se pudo demostrar plenamente que se configura la excepción al principio del juez natural general”, concluyó la corporación.
 
La decisión fue dada a conocermediante comunicado.

 
Por las características del caso, y por las evidencias que se tienen en contra de los militares implicados en la investigación, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó pasar a la Justicia Ordinaria el proceso que se adelanta contra un grupo de militares sindicados de asesinar a dos campesinos en zona rural del municipio de San Carlos, y posteriormente supuestamentehacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. 
 
El hecho ocurrió el 17 de abril de 2006 cuando hombres del Ejército dieron muerte a dos personas en la vereda Las Flores, de San Carlos, por ser supuestos guerrilleros que se les habrían enfrentado. Sin embargo, testimonios de los familiares de las víctimas, más las pruebas técnicas recolectadas en el sitio de los hechos, llevó a que la JusticiaPenal Militar asumiera la investigación contra sus propios hombres, sin que ésta haya tenido mayores avances hasta el momento. 
 
Ante esto, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le ordenó a la Justicia Penal Militar entregar el caso a la Justicia Ordinaria, y asignó el tema al Circuito Judicial de Marinilla para que destrabe el proceso y se dicten fallos lo antesposible. 


Mientras reforma a justicia penal militar se reglamenta, Consejo Superior dirimirá controversias entre jurisdicciones
Al dirimir un conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la ordinaria, el Consejo Superior de la Judicatura precisó que aunque la reforma al fuero militar (Acto Legislativo 2 del 2012) creó un tribunal de garantías penales para los miembros de la fuerzapública, está sujeto a la expedición de una norma de carácter estatutario, que aún no existe.
 
Por lo anterior, la atribución de dirimir los conflictos entre estas jurisdicciones sigue siendo de la corporación, de conformidad con el artículo 112, numeral 2º, de la Ley 270 de 1996.
 
El caso analizado se refería a la muerte de dos personas ocurrida en abril del 2006. La Sala determinó que, al noexistir incertidumbre acerca de lo ocurrido, la competencia debía asignarse a la jurisdicción ordinaria, pues no es posible demostrar plenamente la excepción al principio del juez natural general.
 
De esta manera, recordó que los operadores judiciales, antes de adoptar cualquier decisión, deben recaudar pruebas y realizar análisis serios de las diferentes hipótesis delictivas que muestra una...