justicia paz

Páginas: 17 (4090 palabras) Publicado: 17 de septiembre de 2014
LEY 975 DE 2005 JUSTICIA Y PAZ –REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO


¿La Ley de Justicia y Paz ha sido un mecanismo eficaz en la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia?

OBJETIVO GENERAL

Determinar la eficacia de la ley de justicia y paz en la reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia.

OBJETIVO ESPECIFICO

• La ley de justicia y paz es conocidapor toda persona que se considera víctima del conflicto armado en Colombia y sabe cuáles son los pasos a seguir después de sufrir este flagelo.
• la ley de reparación a las víctimas, si ha sido eficiente en cuanto a su objetivo

JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta la problemática que genera el conflicto y las consecuencias del mismo no encontramos como una solución integral la reparación a laque tienen derecho las víctimas ni tampoco que esta subsane los daños causados en todos los niveles a las mismas.

El proceso de negociación, desmovilización y reinserción de las estructuras paramilitares ha tenido como marco un panorama de zozobra e incertidumbre, con manifestaciones tan preocupantes como la ausencia de transparencia en las negociaciones, las continuas amenazas de ruptura porparte de los paramilitares, el evidente incumplimiento al cese de hostilidades, la eliminación física de varios de los mandos paramilitares y la recomposición de sus estructuras de poder y coerción en las regiones colombianas el marco jurídico que fue expedido para la reinserción de los paramilitares no es ajeno a ese panorama de irregularidad y de transacción.

Las normas como fueron diseñadaspara favorecer la legalización de los paramilitares y su aplicación continúa inclinándose por favorecer la impunidad el primer paso se dio con la expedición del decreto 128 de 2003. Con base en la ineficacia del aparato judicial para individualizar a los responsables de crímenes atroces, el decreto 128 permitió que el gobierno nacional extendiera un perdón y olvido a la gran mayoría de losparamilitares, contrariando lo establecido en la ley 782 de 2002. Al no estar vinculados a un proceso concreto distinto al delito de concierto para delinquir o porte ilegal de armas, el gobierno procedió a conceder el indulto, la suspensión condicional de la ejecución penal, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, aparentemente, a cerca de 30.000personas que participaron en las ceremonias colectivas de entrega de armas. Este beneficio judicial se ha transformado en una carta blanca para estas personas como resultado de la ineficacia del Estado para probar su participación en violaciones de derechos humanos ese decreto se encuentra demandado por ilegal e inconstitucional, por acción de la Comisión Colombiana de Juristas, ante el Consejo deEstado y se solicitó la suspensión provisional del mismo hasta que el ente se pronuncie sobre el fondo, pero la suspensión provisional no se decretó. La decisión del Consejo de Estado puede tardar varios años, lo cual significa que, aun si la sentencia anula el decreto, como se espera que suceda,
Se creó ya una situación de hecho por virtud de la cual se ha dejado en la impunidad a una enormecantidad de perpetradores de violaciones de derechos humanos, situación que será muy difícil revertir en la práctica el segundo paso se dio con la expedición de la ley 975, dos años y medio más tarde de la iniciación del proceso de concertación con los paramilitares para su entrega.
El sentido común indica la impertinencia de diseñar el marco jurídico para su sometimiento mientras se desarrollaba elproceso de negociación de su entrega, el debate legislativo estuvo minado de coacción y coerción La ley 975 fue aprobada en julio de 2005 con múltiples promesas, incluyendo: el fin del paramilitarismo, la superación de la impunidad, la revelación de la verdad y la consolidación de la paz en el país en la actualidad, nos enfrentamos a una realidad que demuestra la impracticabilidad de esas promesas...
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