“La Garantía De Inamovilidad En La Función Judicial Como Imposición Del Sistema Republicano De Gobierno”

“LA GARANTÍA DE INAMOVILIDAD EN LA FUNCIÓN JUDICIAL COMO IMPOSICIÓN DEL SISTEMA REPUBLICANO DE GOBIERNO”

Nos toca vivir una época en la que se advierte en todo el país síntomas que indican un creciente debilitamiento institucional al que hasta no hace mucho parecía difícil regresar.
Reformas constitucionales o legales para controlar políticamente la selección y la remoción demagistrados ; traslado de las responsabilidades por el fracaso de políticas públicas en materia de seguridad; tratamiento del impuesto a las ganancias como punto de descrédito ético; ley de jubilación anticipada o retiro con el único fin de disponer de vacantes a cubrir con “amigos del poder”; enjuiciamientos fulminantes y sin respeto mínimo del debido proceso legal de magistrados de instanciassuperiores o de grado inferior pero con competencia electoral que no emitan fallos que sean del agrado, o bien que tengan intervención que contradigan el interés del gobierno de turno; incumplimientos de sentencias acompañadas de modificaciones constitucionales tendientes a debilitar pilares ancestrales sobre los cuales se asienta el resguardo de la independencia judicial como lo es, por caso, laintangibilidad de las remuneraciones de los magistrados judiciales; etc..
Tal enunciación no es más que un breve muestrario del sesgo que a tomado la práctica política, y que permite reconocer la pretensión de un claro avance del Poder ejecutivo sobre los otros poderes del Estado.
El poder judicial es, por definición, contra-mayoritario . Su poder proviene de la Constitución y de la ley. Tieneel poder-deber de interpretar la constitución y, como mayor expresión de control, la de examinar críticamente a la ley para garantizar su adecuación y legitimación a través del tamiz constitucional.
La preservación del máximo nivel de independencia en las decisiones jurisdiccionales asegura su función de contra-poder, o poder contramayoritario. Si todo el poder se ejerciera conforme el deseode la mayoría, el Poder Judicial devendría innecesario y debería suprimirse, porque el derecho no dependería sino de la voluntad de la mayoría. Es que todo se resumiría a que la opinión de la mayoría daría la medida del derecho individual. Esto traduce aquello que tantas veces se oye repetir a los actuales gobernantes de un modo más o menos similar, y que representaría la siguiente idea madre: “yodigo lo que piensa el pueblo y actúo legitimado por el poder del voto” . Tal modo de pensar y actuar justificaría el menú de acciones que menoscaban la preservación del sistema republicano de gobierno en aras de un derrotero que, de sostenerse, casi inevitablemente derivará hacia la hegemonía del ejercicio del poder estatal.
Sin dudas que la eficiencia en la prestación del servicio es tanimportante como la pública consideración de la independencia de los jueces y en ello se debe trabajar.
También es tarea relevante difundir y explicar, en cuanto oportunidad se tenga, que las formas republicanas y democráticas imponen el ejercicio del poder en función de aquellos intereses del ciudadano que la distribución de competencias estatales la Constitución le ha asignado a cada poderproteger y realizar.
Como es fácil de ver el escenario, que desde mi acotada percepción, someramente he presentado, provee de innumerables vertientes susceptibles de ser examinadas y profundizadas en sus distintas como complejas aristas. Empero con el ánimo de no extralimitarme en el uso del espacio de opinión en el que tan generosamente se me ha invitado a participar y que desde yaagradezco, restringiré la siguientes consideraciones a explorar las posibilidades reales de optar por un sistema de estabilidad temporaria para los jueces en el marco de un sistema republicano de gobierno.
El 22 de agosto de 2004 se cumplió el décimo aniversario de la reforma de la Constitución Nacional. Tal hito temporal cumplido por la ley fundamental hoy vigente, es de suma trascendencia por...