La incidencia del derecho regulativo en ámbitos de control social penal

TEORÍA SOCIO‐JURÍDICA DEL DERECHO (2012). Calvo García, M y Picontó Novales, T.  
FUOC  (Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya).  4º módulo. Pp. 23‐26.  

La incidencia del derecho regulativo en ámbitos de control social penal
El uso del derecho con fines de intervención frente a situaciones de riesgo desborda
ampliamente los moldes de las funciones tradicionales del mismo, dandolugar a la
eclosión de un modelo de “derecho regulativo”, que representa el tipo de derecho
predominante en los Estados post-industriales. Y que ha llevado incluso a hablar de un
nuevo “estado regulativo”.
Sin embargo, en la actualidad estaríamos asistiendo a una tendencia creciente
a la gestión de ciertos riesgos sociales a partir del derecho regulativo con fines
claros de control eintegración social, lo cual hace pertinente su toma en consideración
de un modo específico. Así puede verse en ciertas políticas criminales (4)
y sociales (5). En realidad, desde un punto de vista más general se podría
afirmar que el mantenimiento del orden social a partir de mecanismos represivos
e integradores no sólo impone el crecimiento progresivo del entramado
represor del Estado. Lacorrección de situaciones disfuncionales o peligrosas
para la estabilidad social determina la utilización del derecho preventivamente
y como medio de integración.
Como consecuencia, se fuerzan las funciones de la Administración de justicia
implantando mecanismos de intervención más amplios y complejos. Los roles
de los operadores judiciales tradicionales –jueces y fiscales– se transforman, sedesdibujan las fronteras del sistema penal, se incorporan nuevos agentes –sociales
y terapéuticos– para hacer operativas las funciones preventivas secundarias
y terciarias del derecho penal punitivo y cautelar, etc. Y aún así, esos cambios
del sistema judicial penal resultan insuficientes para la eficacia del nuevo
modelo de control e integración social, razón por la cual, estaríamos asistiendo
auna clara administrativización de los mecanismos de intervención inherentes
a las nuevas políticas criminales y de seguridad. Dicho de otra manera,
la plena operatividad de las nuevas estrategias preventivas de intervención y
cambio social ha llevado aparejada la apertura de mayores espacios para la intervención
administrativa. Lo cual implica de entrada a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad,pero también, como veremos, a la Administración social.
La eficacia del nuevo derecho regulativo de control social requiere la existencia
de mecanismos más amplios y sofisticados y una organización más flexible,
susceptible de adaptarse rápidamente a coyunturas cambiantes y amoldarse a
los imperativos pragmáticos de las estrategias de intervención y protección.
Como consecuencia, la policíaasume un claro protagonismo en el marco de
la intervención penal, mientras que la jurisdicción pasa a un segundo plano
y, además, en este ámbito pasan a ser los fiscales y no los jueces los que han
de llevar la iniciativa (Díez Ripollés, 2005).
(4)Seguridad ciudadana, Derecho penal juvenil, violencia familiar y de género, etc
(5)Intervención familiar, protección de menores, salario de inserción,etc.

 
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TEORÍA SOCIO‐JURÍDICA DEL DERECHO (2012). Calvo García, M y Picontó Novales, T.  
FUOC  (Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya).  4º módulo. Pp. 23‐26.  

Esta tendencia se complementa con la transformación del rol de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. En este sentido, se tiende claramente a la especialización
del conocimiento mediante programas de formación yunidades especializadas.
Este modelo, que ha sido definido como “modelo de policía comunitaria”
(Domínguez y Rodríguez 2003), se asentaría en la constitución de
unidades de profesionales expertos, en la medida en que poseen información
abstracta sobre los riesgos y que participan en su diagnóstico y tratamiento.
Estaríamos ante un cambio de enfoque que conlleva nuevas prácticas de gestión...